Con base en los resultados de un estudio sobre mejores prácticas anticorrupción en el sector asegurador, el socio del área de Servicios Forenses de PwC, Alfredo Hernández, precisó que como parte de dicho programa, las empresas tienen tres políticas con una alta penetración.
La primera es el Código de Conducta, donde la totalidad de las empresas tienen uno ya implementado; segundo, una política de conflicto de interés, también con un 83% de adopción, y tercero, una política específica anticorrupción, con un 60% de adopción.
Sin embargo, hay áreas de oportunidad importantes porque más de 80 por ciento de los participantes reconoció que no tiene los recursos especializados en sus organizaciones para, precisamente, abordar el tema anticorrupción.
“Lo que nos llama también la atención es una baja penetración de algunas políticas que consideramos son muy relevantes para temas anticorrupción y que vemos están en desarrollo en el sector”, como el Due diligence, o la investigación que se hace a terceros que actúan en nombre de la compañía haciendo negocios.
“Es un tema que se ha vuelto cada vez más relevante”, aunque sólo 50% de las asociadas indica tener una política de Due diligence de terceros; de manera precisa, el 43% de las empresas indica tener un Due diligence sobre los empleados, sobre contrataciones.
Por otro lado, sólo el 20% de las sociedades confirmaron e indicaron tener una política de interacciones con oficiales de gobierno, “esto se hace muy relevante, sobre todo por la relevancia de este sector en las compañías aseguradoras”, consideró.
Respecto a la aplicación de una política de integridad de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el 80% de las empresas participantes no tienen nada de esto, sólo dos de cada 10 ya la aplican.
De acuerdo con la consultoría, hay otra política relevante que es contratación de exfuncionarios de gobierno, donde solamente el 10% confirmó que la tiene implementada.
“Estos dos últimos temas se vuelven muy relevantes bajo el marco anticorrupción en México, como lo sabemos”.
El área más importante de oportunidad que se observó en el estudio es la de llevar a cabo una evaluación de riesgos para diseñar de forma adecuada un programa anticorrupción.
Al respecto, el 43% de las compañías afirmó que sí hicieron una evaluación de riesgos en el último año al menos, pero un 37% la llevó a cabo hace dos años o más, y un 20% no aplicó ninguna revisión.
(Notimex)
