El documento destaca cómo el sistema de distribución pública en la República Popular Democrática de Corea (RPDC), nombre oficial de Corea del Norte, se ha roto durante más de dos décadas y cómo, a medida que las personas buscan ganarse la vida están expuestos a arresto arbitrario, detención, y extorsión.
“Las personas en la RPDC están atrapadas en un círculo vicioso, en el que el Estado no puede satisfacer las necesidades básicas de la vida y las obliga a recurrir a mercados rudimentarios donde se enfrentan a una gran cantidad de personas, de violaciones de derechos humanos en un entorno legal incierto”, indicó.
El informe fue realizado con base a los relatos de 214 detractores norcoreanos, narrados a personal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la vecina Corea del Sur entre 2017 y 2018, explicó el organismo, con sede en esta ciudad.
«Los derechos a la alimentación, salud, vivienda, trabajo, libertad de movimiento y la libertad son universales e inalienables, pero en Corea del Norte dependen de la capacidad de los individuos para sobornar a funcionarios», indicó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
De acuerdo con el reporte, desde el colapso económico de Norcorea en la década de 1990, las personas no han podido sobrevivir a través de un modelo de planificación y distribución económica centralizada, dirigido por el Estado que incluye trabajos asignados y la dispensación de alimentos, ropa y otras raciones.
“Como resultado, trabajar en el sector informal se ha convertido en un medio esencial de supervivencia, o bien, como lo dijo un entrevistado: «Si usted simplemente sigue las instrucciones provenientes del Estado, se muere de hambre».
Sin embargo, cuando las personas intentan participar en actividades de mercado rudimentarias, se enfrentan a arrestos y detenciones, incluso para viajar dentro del país, para lo cual se requiere un permiso, apuntó el ACNUDH.
Esta situación, agregó, conduce invariablemente a una serie de violaciones más graves de los derechos humanos, debido a la ausencia del estado de derecho y las garantías del debido proceso. “Las personas a menudo experimentan tratos inhumanos y degradantes en la detención, y algunas veces son sometidas a torturas”.
“Todo el sistema se basa en la práctica informal pero generalizada de sobornar a funcionarios estatales que están en condiciones de permitir a las personas eludir los requisitos y regulaciones estatales para trabajar en el sector privado y evitar el arresto”, explicó.
El informe también detalla cómo las mujeres que buscan formas de llegar a fin de mes son particularmente vulnerables a nuevos abusos por parte de terceros, incluidos redes de traficantes.
“Nuestro informe es un claro ejemplo de lo importante que es que el gobierno aborde los profundos problemas de derechos humanos del país. Sólo entonces se puede desmantelar efectivamente el sistema endémico de corrupción que se extiende en todos los aspectos de la vida”, destacó Bachelet.
El informe destaca que el Estado norcoreano ha cumplido con sus obligaciones en virtud del derecho internacional sobre los derechos humanos para hacer realidad el derecho de sus ciudadanos a un nivel de vida adecuado.
Además de que no ha buscado modificar un sistema público fallido, ni ha ayudado a establecer un sector privado funcional y legal para aliviar la pobreza económica, que enfrenta a gran parte de la población.
Según las entidades de las Naciones Unidas en la RPDC, alrededor de 10,9 millones de personas (más del 43.0 por ciento de la población total) están en la actualidad desnutridas y sufren inseguridad alimentaria, mientras que casi 10 millones de personas no tienen acceso a agua potable.
(Notimex)
