11 de sept., 2014.- Grupo México pagará todos los daños que causó el derrame de ácido proveniente de la mina Buenavista, aseguró Idelfonso Guajardo, Secretario de Economía, y añadió que la empresa habría creado un fondo para la reparación y pago de estos daños por $2 mil millones de pesos.
Directivos de la empresa, no han comentado nada al respecto, lo único oficial es la reserva que la empresa anunció recientemente y que era por $300 millones de pesos.
Suponiendo que efectivamente ese fuera el costo total del accidente, el monto implicaría una afectación equivalente al 8% de las utilidades netas anuales de la empresa.
El pasado 6 de agosto la empresa provocó un derrame tóxico en el Río Bacanuchi, en Sonora, causando graves daños a la ecología, por lo que tendrá que pagar los daños para mantener el permiso de operación.
“Las empresas Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras se han obligado a reparar totalmente el daño ambiental y pagar los daños materiales ocasionados a las personas”, dijo este jueves en conferencia el secretario del Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que la concesión de la empresa de Germán Larrea para la mina en Cananea no corre peligro si se reparan los daños.
El Gobierno anunció que además se creará un comité técnico que será el encargado de ordenar los pagos, reevaluar los daños de los afectados, así como la afectación en materia ambiental y de salud.
“En caso de que el monto no sea suficiente, las empresas aportaran las cantidades adicionales que el comité técnico designe”, señaló el vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez.
El fideicomiso y la creación del comité son independientes a las sanciones o procesos que se llevan en contra de la minera.
Grupo México afronta una demanda de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por el daño ambiental, y cuya multa podría llegar a 40 millones de pesos.
Además tiene una demanda penal también de la Profepa, la cual podría provocar sanciones de hasta nueve años de prisión y 3,000 días de salario mínimo contra quien resulte responsable, según las autoridades.
La empresa de Germán Larrea es acusada por las autoridades federales por el derrame de 40,000 metros cúbicos de solución ácida de sulfato de cobre al río Bacanuchi, provocado por un defecto de construcción en una tubería.
