Gobierno analiza limitar intermediación de comercializadoras de combustibles
La administración federal estudia cambios legales para combatir el contrabando de hidrocarburos y la evasión fiscal; por ahora, no se ha anunciado una eliminación general de las empresas comercializadoras ni la revocación automática de sus permisos.
El Gobierno federal analiza modificar la legislación para limitar la participación de las comercializadoras de combustibles en México, como parte de las medidas contra el contrabando de hidrocarburos y la evasión fiscal, una posible reforma que podría cambiar las condiciones de operación de las empresas del sector.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su administración estudia alternativas para reducir la intermediación en la cadena de suministro, entre ellas permitir que las importaciones se canalicen directamente a empresas transportistas o establecer límites a la participación de comercializadores.
La propuesta se encuentra en análisis, por lo que todavía no implica la eliminación general de estas compañías ni la cancelación automática de los permisos vigentes. El alcance de los posibles cambios dependerá de la iniciativa formal, su eventual aprobación y las disposiciones que se emitan para su aplicación.
Gobierno busca reforzar la trazabilidad de combustibles
La estrategia planteada contempla rastrear el combustible desde su importación hasta su venta en estaciones de servicio, mediante el cruce de información fiscal, aduanera y comercial.
Con estos mecanismos, las autoridades buscan detectar diferencias entre los volúmenes declarados, transportados, recibidos, facturados y comercializados, así como inconsistencias entre el producto importado y el que finalmente llega al consumidor.
Para las empresas del sector, un eventual cambio regulatorio podría modificar las relaciones comerciales entre importadores, comercializadoras, transportistas, almacenistas, distribuidores y estaciones de servicio.
Las compañías cuya actividad se concentra en comprar y revender combustible sin contar con infraestructura propia podrían enfrentar restricciones o ajustes operativos, dependiendo del contenido definitivo de la reforma.
En este contexto, la consistencia documental adquiere relevancia para acreditar el origen y destino del producto, los volúmenes manejados y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, aduaneras y regulatorias.
Permisos y obligaciones vigentes, sujetos a revisión
Desde el punto de vista jurídico, el anuncio de una posible reforma no equivale a una disposición que elimine a todas las comercializadoras o revoque de manera general sus permisos.
Para determinar los efectos legales será necesario conocer el texto de una eventual iniciativa, el decreto que pudiera aprobarse, sus artículos transitorios y las disposiciones administrativas correspondientes de la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Asimismo, una inconsistencia detectada en la cadena de suministro no demuestra por sí misma que todas las empresas del sector hayan cometido una infracción. Las sanciones o revocaciones individuales deben sustentarse en la legislación aplicable y en los procedimientos correspondientes.
Empresas deberán reforzar controles internos
Ante la posibilidad de cambios regulatorios, las empresas del sector pueden revisar sus procesos de cumplimiento y trazabilidad para anticipar posibles ajustes operativos.
Entre las medidas recomendadas se encuentran monitorear la presentación y el avance de una iniciativa formal, revisar los títulos de permiso y conciliar periódicamente los litros comprados, importados, recibidos, transportados, facturados y vendidos.
También resulta relevante verificar los contratos con proveedores y prestadores de servicios, así como conservar documentación que permita comprobar el recorrido del combustible y las operaciones realizadas.
El anuncio anticipa una posible modificación estructural del papel de los intermediarios en el mercado mexicano de combustibles, dentro de la estrategia contra el llamado huachicol fiscal. Sin embargo, el impacto concreto para las comercializadoras dependerá del contenido de la eventual reforma y de las condiciones que establezcan las autoridades para su entrada en vigor.
