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Halloween o travesura a la 4T

Ante la urgencia por disponer de más recursos y su animadversión a los empresarios el gobierno de Andrés Manuel López Obrador da señales de terrorismo fiscal

EL MUNDO DE EDMUNDO 

Edmundo Crespo Ruiz

«La probabilidad de que ganemos es muy alta. Se trata de empresas que finalmente son grandes, cotizan en la Bolsa y tampoco les conviene estar en medio de un escándalo, porque ello tiene repercusión directa en su imagen y afecta (el precio de) sus acciones», Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria, 3 de junio de 2020, en entrevista con La Jornada.

Hace una semana, la Asociación Americana de Abogados (ABA por sus siglas en inglés, American Bar Association) envió una carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador, corta, pero contundente, del terrorismo fiscal que desde su óptica están sufriendo los contribuyentes por parte del Sistema de Administración Tributaria, mejor conocido como el SAT.

A primera vista, el común de los ciudadanos dirá: «excelente lo que hace la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, es su obligación aplicar la Ley a rajatabla sin ningún privilegio y cobrar la mayor cantidad de impuestos posibles, que tanta falta nos hacen». Sin duda que la baja recaudación en México es reflejo de la evasión generalizada de impuestos, todos sabemos que es un deporte nacional tratar de pagar lo menos posible de impuestos y esto pasa por cosas tan pequeñas y cercanas, como cuando preferimos en algunas transacciones pagar en efectivo en vez de tener que pagar un 16 por ciento de IVA, se pueden sacar mil excusas, pero al final del día no se paga ese impuesto.

Si trasladamos esa conducta personal a empresas establecidas, sin duda que buscarán la manera de pagar menos impuestos, la gran mayoría de las veces utilizando los elementos que la misma ley tiene, por ejemplo al permitir que unos gastos sean deducibles de manera más rápida y efectiva para el empresario o para el mismo trabajador, sin burlar la ley, claro.

Si a algo le temen los pequeños y medianos empresarios son a los inspectores del IMSS y al SAT, ya que cuentan con herramientas legales que pueden cerrar su empresa a la más mínima sospecha, aunque esta sea infundada, por eso se dan muchos casos de extorsiones por parte de funcionarios de esas dependencias.

Y a medida que se va adentrando a empresas más grandes, la complejidad de la legislación tiene diferentes caminos para generar obligaciones fiscales. Esto es provocado en muchas ocasiones por diferentes interpretaciones de la ley, por desconocimiento o por exceso de conocimiento de una de las partes, por esta razón acaban en largos y costosos litigios.

Ante esta situación, me surge una pregunta muy sencilla: si la corrupción era la divisa de cambio en los gobiernos anteriores, ¿para qué gastar en litigios? No sería que a lo mejor sí tenían razón los empresarios.

Cumpliendo con su responsabilidad, el SAT utiliza las herramientas que tiene a la mano para la cobranza de esos impuestos. El problema es que de acuerdo a lo denunciado por la ABA, y sospechado por muchos desde hace algunos meses cuando comenzaron a pagar los grandes contribuyentes que tenían diferendos multimillonarios con el SAT, el organismo está pasando por encima de derechos fundamentales; en otras palabras, está casi extorsionando.

Entre mayo y junio, se hizo público que América Móvil, Walmart de México, Femsa, IBM de México, Toyota y Minera Fresnillo pagaron más de 30 mil millones de pesos de impuestos, que de acuerdo a sus cuentas no debían de haber pagado, y que correspondían a diferendos de años anteriores. Estos hechos se dieron tras la presión que ejerció nuestro líder en las conferencias matutinas contra 15 grandes empresas que tenían diferendos cercanos a los 50 mil millones de pesos con el gobierno

Cuando se difundió el acuerdo de Walmart, el presidente agradeció «mi reconocimiento a Walmart, porque estamos hablando de una empresa de regular tamaño, pudieron contratar a los mejores abogados y fiscalistas, irnos a tribunales. En vez de eso, decidieron revisar las cuentas y aceptarlo». Sin duda que esto despertó sospechas, ¿por qué renunciarías a una asesoría profesional en un asunto tan cuantioso?

La carta de la semana pasada de ABA denuncia tres presuntas conductas que está aplicando el actual gobierno para cobrar a los contribuyentes: 1.- Algunos funcionarios de alto nivel del SAT han manifestado que los abogados son un obstáculo para los objetivos de transformación del actual gobierno mexicano (agregaría que hasta nuestro líder los ha acusado de promover la evasión fiscal); 2.- Los funcionarios del SAT han pedido que las personas o empresas que señala de que no han cumplido con sus obligaciones fiscales, se abstengan de buscar representación legal y, en su lugar, se acerquen directamente con el SAT para corregir las faltas y pagar (también agregaría que AMLO lo ha dicho en reiteradas ocasiones en sus gustadas mañaneras); y 3.- La Procuraduría Fiscal de la Federación está iniciando o amenazando con iniciar investigaciones penales como táctica de negociación para presionar a personas o entidades para que corrijan cualquier mala conducta tributaria que perciban se ha cometido.

En cuanto al tercer punto, basta leer la respuesta del SAT de la semana pasada a este señalamiento: «una de las grandes prioridades del Gobierno mexicano y de su ciudadanía es perseguir penalmente las conductas criminales. Por lo tanto, la Procuraduría Fiscal de la Federación aplicará todo el rigor de la ley en contra de quienes pretenden burlar sus obligaciones fiscales», es decir, su postura no es negociable: hay sospecha de conducta, antes de cualquier explicación, la denuncia está en la mesa, el contribuyente decide: ¿o paga o cárcel?

Voy a hacer una analogía muy sencilla: usted trabaja en una empresa ganando 10 mil pesos mensuales, por error un mes le pagan 1 millón de pesos, usted es de las personas que no checa el saldo de su cuenta y sólo utiliza la tarjeta para pagar sus gastos asumiendo que cada mes le pagan puntualmente. Y la nómina de su empresa es tan grande que no les brinca el error hasta varios meses después, usted les reembolsa el dinero, pero por desgracia no cancelan el recibo con el que se hizo la transferencia.

Tiempo después se apersona en su domicilio un empleado del SAT, usted lo recibe, y el funcionario le dice que «debe presentarse al siguiente día a las 10:00 horas en la oficina local para ver su caso. No nos declaró un millón de pesos y por concepto de ISR y accesorios nos debe 700 mil pesos. Lo esperamos mañana, por cierto, no vaya con abogados porque esos dificultan todo y si va con uno no lo vamos a recibir». Usted llega al siguiente día con toda la preocupación encima, y lo recibe nada menos que el jefe de la oficina local, amablemente lo pasa a su despacho y le dice: «mira, es evidente que nos estás ocultando tus ingresos, asumimos que así como ese mes en otros meses te han pagado esa cantidad, pero en efectivo, pero ese mes se equivocaron y te pagaron con transferencia. Te vamos a meter a la cárcel asumiendo que tu ingreso mensual estos años ha sido de 1 millón de pesos y no de los 10 mil que nos declaras, o bien si prefieres páganos los 700 mil y ahí muere», ¿usted qué haría?

En teoría algo así están haciéndole a los contribuyentes, basta ver la frase que cito al inicio de este artículo que es muy reveladora sobre el preceder del organismo que encabeza Raquel Buenrostro, eso lo declaró cuando consiguió que los grandes contribuyentes pagaran, ¿qué les puso en la mesa que hubiera provocado que las acciones de sus empresa cayeran?, ¿a quién amenazaron de llevar a la cárcel?, ¿qué habría provocado un escándalo?

Estas herramientas para aumentar la recaudación las obtuvo López Obrador gracias a una mayoría ‘ilegítima’ que tiene en la Cámara de Diputados. No hay que olvidar, por mucho que se diga lo contrario, más de 30 millones votaron por AMLO para la presidencia, un 53.2% de los votos, pero esos no votaron por los candidatos a diputados de los partidos que lo postularon, sólo el 45% los apoyó.

En 222 días usted tiene la oportunidad de ahora sí legitimar la mayoría que tienen los diputados de López Obrador o bien quitarles esa mayoría en las urnas. La decisión es suya, pero sólo vale si vota.

La cruzada del combate a la corrupción del actual gobierno pasa por la transparencia. Que el tiempo no lo borre de su memoria, hace 6 semanas se celebró el mal llamado sorteo del avión presidencial y, hasta ayer, nuestro líder no había dado el informe económico.

¡Hasta la próxima semana!

ecrespo@mobilnews.mx

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