Colaborador Invitado

Hay aves que manchan el pantano

Claramente las escaleras de la corrupción se barren de abajo hacia arriba.

Efraín Klériga / ACCIONES Y RAZONES

Se dice, y se ha probado alguna vez, que presidentes han incurrido en delitos como abuso de autoridad, nepotismo, tráfico de influencias, peculado y corrupción.

Pero confesar públicamente los delitos y justificarlo con frescura solamente el titular de la Cuarta Transformación, quizá porque: “Somos distintos”.

A la fecha ha confesado evasión de reos, nepotismo, peculado, pero ha cometido probadamente delitos contra la Ley General de Salud y contra la Seguridad Nacional.

Los más graves y materia de Corte Internacional, son el manejo de la pandemia, pues nunca convocó al Consejo de Salubridad General, ha dado informaciones falsas y provocado conductas que mataron a terceros.

Otro más, el 19 de junio de 2020, en su matiné el presidente Andrés Manuel López Obrador confesó su autoría en la sustracción a la justicia de Ovidio Guzmán. Pocos se sorprendieron.

“Para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes (cálculo chilero) en Culiacán, Sinaloa”, argumentación que no lo exonera.

El Código Penal Federal prevé una condena de 7 a 15 años de prisión “al que favoreciere la evasión de algún detenido (…) Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud”.

Es un lío gordo en el que están inmiscuidos, al menos, el actual Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo y el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval.

Circula en redes una imputación de nepotismo: “El nuevo titular de la Segob (Adán Augusto López Hernández) es primo de López Obrador”, no hay prueba de ello.

Pero sí hay de que Adán es hermano de la actual Administradora General de Auditoría Fiscal Federal del SAT, Rosalinda López Hernández y ésta, esposa del gobernador de Chiapas, Rutilo Escandón Cadena.

“Su otra hermana (del titular de Segob) Silvia López Hernández, es esposa del consejero independiente de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Humberto Mayans Canabal.

Pocos presidentes han tenido a más parientes en la Administración Pública Federal y a ninguno le había reventado en pleno ejercicio de sus funciones, delitos de sus hermanos y en vídeo.

En agosto de 2020, confesó otro delito, la recolección de dinero de origen ilícito por parte de su hermano Pío, lo que Andrés Manuel justificó como presuntas “aportaciones a la causa” nunca declaradas.

“Estos videos que se muestran -para contextualizar también- son de 2015. En ese año había elecciones en Chiapas y elecciones federales. Morena no ganó ni un distrito”, fue la explicación sin excusa.

Pero la fecha del vídeo de Pío es 26 de junio, posterior a los comicios federales de 2015, por lo tanto, no tendrían que ver con esas elecciones.

“Estos recursos (…) se utilizaban para la gasolina, para el apoyo de quienes trabajaban en la organización (…)” dijo sobe el uso de recursos de procedencia ilícita, nunca declarados al INE.

Los casos Imaz, Bejarano, Eva Cadena, muestran una conducta delictiva sistemática, también los contratos por más de 110 millones de pesos que el Gobierno de Marcelo Ebrard otorgó a prestanombres de “Honestidad Valiente”.

Este lunes, por segunda vez desde que asumió la Presidencia, presentó un libro de su autoría valiéndose de la Cadena nacional que ha utilizado casi 700 veces.

“Ya salió A la mitad del camino. Aquí está mi pensamiento y la acción que se ha llevado a cabo por el gobierno en dos años nueve meses”, dijo.

Información difundida el domingo por El Financiero, anota que las librerías Gandhi y El Sótano ya mostraban el libro en su catálogo en línea a 248 pesos en preventa.

Presentar un libro del que tendrá ingresos por regalías, en el que habrá utilidades para un editor y libreros, es simple y llanamente peculado.

Dice el artículo 223 del Código Penal Federal que comete el delito de peculado “todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral” utilice recursos públicos.

De acuerdo con el valor de los fondos distraídos, puede alcanzar desde tres meses hasta 14 años de prisión, “cuando el monto (…) exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

El presidente Andrés Manuel López Obrador muestra ya una conducta que en forma sistemática viola la ley y abusa de sus atribuciones y de los delitos contra la administración de justicia, luego hablamos.

User007@mxpress.mx

 

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