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¿Quién paga la factura del bajo crecimiento?

3 de junio de 2014.- La respuesta a la interrogante planteada se encuentra en la población, particularmente en la más pobre, y en las empresas. Las consecuencias del bajo crecimiento se pueden observar en un mercado laboral deprimido y en una pobreza que lacera el tejido social. Una solución a ello es fomentar la inversión productiva, la que genera empleo bien remunerado y un mayor valor agregado.

El crecimiento económico de los últimos 30 años, que no supera el 2.5%, así como el del primer trimestre del 2014 (1.8%), se encuentran por debajo de la capacidad potencial del país y sintetizan que el problema de coyuntura en México es también estructural.

Además del debate sobre sí esto implica que la economía se encuentra o no en recesión, o sobre qué paso con el Momento Mexicano, se deben considerar los efectos que lo anterior tiene sobre la vida de las personas que con su trabajo diario buscan hacer realidad el sueño de un futuro mejor para ellos y sus familias.

Menor crecimiento implica una disminución en la posibilidad de encontrar un trabajo digno. En México existen 10 millones de personas que cuando mucho ganan un salario mínimo, de las cuales 3.5 millones no reciben remuneración alguna por su trabajo. Ante dicha situación una pregunta natural es: ¿Cómo cambiará su bienestar ante el escenario de menor crecimiento económico?

El ajuste a la baja del pronóstico oficial fue de casi una tercera parte a lo planteado inicialmente por la autoridad económica (de 3.9% a 2.7%), una merma de casi 15 mil millones de dólares en la generación de riqueza. Sin lugar a dudas que ello tiene consecuencias que van más allá de las esferas macroeconómica y política, efectos que llegan a una sociedad afectada por una espiral de precarización laboral.

Bajo dicho contexto, una de las secuelas del menor crecimiento económico se puede medir a través del Indicador de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) que publica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Derivado de las estadísticas generadas por el INEGI, el ITLP “muestra trimestralmente la tendencia de la proporción de personas que no pueden adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo”.

Básicamente, el ITLP aproxima si una persona que cuenta con empleo puede satisfacer uno de los requerimientos más básicos para cualquier ser humano, el de alimentarse. La mala noticia es que, durante el primer trimestre del año, el ITLP señala un aumento anual de 3.5% en la proporción de personas que sufren de una precarización en su ingreso laboral, de tal manera que no pueden adquirir una canasta alimentaria adecuada.

Por tanto, la evidencia muestra que una de las facturas del bajo crecimiento es pagada por la población que depende de su ingreso laboral como fuente de manutención. Lejos de los argumentos de sí la desaceleración es atribuible a los problemas invernales en Estados Unidos o por las decisiones en materia fiscal de la autoridad mexicana, lo que se tiene claro es que existe un número creciente de mexicanos que enfrenta dificultades para vivir mejor, a pesar de tener un trabajo.

El problema es mayor en las ciudades, es decir en las zonas urbanas del país, en donde el aumento del ITLP fue de 4.2%. Esto último refleja que la contratación en los sectores industriales y de servicios se realiza con menores remuneraciones, aun en aquellas de mayor peso económico y en donde radican las empresas más grandes.

La información a nivel estatal indica que durante el primer trimestre del año Baja California (17.7%), Durango (12%), Michoacán (16%), Baja California Sur (10.5%), Campeche (10.5%), Distrito Federal (10.1%) sufrieron el aumento más significativo.

Además, es factible observar que la precarización reflejada por el ITLP es estructural: entre el primer trimestre del 2005 y el correspondiente del 2014, el incremento fue de 32.7% a nivel nacional y de 46 % en la parte urbana. En el mismo periodo, el deterioro fue mayor para los estados de Nuevo León (147.7%), Baja California (133.7%), Distrito Federal (94.4%), Quintana Roo (80.6%), Tamaulipas (61.5%) y Sinaloa (55.6%), Guanajuato (41.6%) y Estado de México (40.9%), algunos de los cuales representan a las entidades de mayor relevancia económica y demográfica del país.

Lo anterior responde a quién paga la factura en una economía que no crece: la población que trabaja. La situación del ingreso de los mexicanos pone de manifiesto el aspecto más sensible al que se enfrentan millones de personas y es una de las razones fundamentales del actual estado de precariedad laboral y social del país. Para muchos trabajadores, ya no es factible ni siquiera acceder a una canasta alimentaria, entre 2005 y 2014 el ingreso laboral per cápita real perdió 32.7% de poder de compra (deflactado con el índice de precios de la canasta alimentaria).

Para los hogares mexicanos las percepciones laborales representan cerca del 80% de sus ingresos, por lo que es imperativo mejorar la situación del mercado laboral.

No se debe dejar de lado que lo anterior se da en un contexto en el que además se ha profundizado la inequidad: en promedio las familias más pobres perciben el 5% de lo que reciben los hogares de mayores ingresos.

Ante ello, implementar programas emergentes para combatir el hambre y la pobreza es positivo, pero evidentemente insuficiente. La inequidad no es algo que se pueda resolver por decreto o con dinero público, es el reflejo de la acumulación de riqueza y de la mala situación del mercado laboral.

El Artículo Tercero de la Constitución señala “a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. Si no hay una corrección en el sentido de la política económica, el desequilibro continuará aumentando y ello atenta contra la estabilidad social de México.

Conclusiones

El ITLP adelanta algo que podrá observarse durante el 2015, un aumento en el número de pobres por ingreso, es decir cuando solamente se toma en cuenta lo que las personas reciben por su trabajo u otras fuentes de ingreso económico. Lo que esto implica es que el presupuesto público no podrá sostener un gasto social si no es acompañado con la inversión productiva privada nacional, la principal generadora de empleo y la cual debe ser fomentada para revertir el actual entorno de bajo crecimiento económico.

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