Tras la amplia difusión, durante el mes de enero en la que se adjudicaba a empresas del sector acerero en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM), como responsables directas de la contaminación en la ciudad. Se llevaron a cabo una serie de consultas en la Plataforma Nacional de Transparencia en las que se revela que el estudio del investigador Martín Soto sobre la contaminación en la AMM, no cuenta con el respaldo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ni del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, donde se encuentra adscrito el investigador.
A pesar de que se publicó como parte de una investigación que tendría un interés académico y con los logos de la universidad y del instituto con sede en Mazatlán, las oficinas de ambas instituciones respondieron a través de la plataformade transparencia, que no cuentan con registros en sus archivos del estudio mencionado, por lo tanto que no se habrían proporcionado recursos para su realización ni fue realizado como parte del programa de trabajo de ambas instituciones.
En versiones periodísticas difundidas en semanas previas, el investigador declaró que el estudio fue parte de la petición de reporteros del diario británico The Guardian y de Quinto Elemento Lab, quienes señalaron la conveniencia de medir si existe presencia de metales pesados en el municipio de San Nicolás de los Garza, en el que se encuentran distintas instalaciones industriales.
Cuestionados sobre cualquier convenio con estos medios de comunicación o sus reporteros, tanto la UNAM como el ICML negaron tener cualquier instrumento de colaboración o acuerdo que permitiera el intercambio de recursos o talento para algún fin académico o de cualquier otro tipo, respuesta de la cual ReportAcero tiene una copia.
Con la aclaración de la universidad y el instituto, se mantienen pendientes de respuesta las preguntas sobre el origen de los recursos que financiaron el levantamiento de muestras y su análisis en una zona fuera del área de influencia y relevancia del centro de adscripción del investigador.
La pregunta que queda en el aire es ¿quién está detrás de estos ataques a la industria y con qué propósito?
¿Quien puede certificar que dichos estudios son realmente confiables o sólo buscan sacar algún beneficio?
Esperemos que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de Nuevo León presente pronto un informe sobre los resultados de sus estudios y análisis de muestras en la zona.
ReportAcero
