“Contribuirán a hacer el comercio en América del Norte más inclusivo, facilitando la participación de emprendedores y pequeñas y medianas empresas, y también más responsable con el medio ambiente y con la sociedad, fortaleciendo la protección a los trabajadores y el compromiso con el combate a la corrupción”, indicó en un comunicado.
¿Qué logramos?
Incorporar mecanismos de diálogo y colaboración para promover la participación de las PYMES en el comercio regional
Crea un Comité de PYMES con representantes de cada país para discutir medidas que ayuden a las PYMES a aprovechar los beneficios del acuerdo, así como un Diálogo Trilateral en donde PYMES, sector privado, ONGs y expertos académicos podrán presentar comentarios sobre el funcionamiento del acuerdo.
Fomenta la cooperación entre incubadoras, aceleradoras y otras instituciones de apoyo a las PYMES que operan en América del Norte.
Facilita la cooperación en apoyo a PYMES lideradas por mujeres, jóvenes y emprendedores del sector agrícola y rural.
Promueve el intercambio de información sobre mejores prácticas para el acceso de las PYMES a más opciones de capital, crédito y compras de gobierno cubiertas por el acuerdo.
Fortalecer y ampliar la protección de los derechos de los trabajadores
Establece el compromiso de respetar los derechos y principios laborales internacionalmente reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo.
Incorpora una cláusula de cumplimiento que compromete a cada país a aplicar de manera efectiva su legislación laboral.
Prohíbe la importación de bienes producidos a partir de trabajo forzoso u obligatorio.
Establece que los trabajadores migrantes reciban protección de las leyes laborales de cada país.
Incorpora un mecanismo de diálogo entre gobiernos que facilitará la comunicación sobre cualquier asunto relacionado a la implementación del Capítulo Laboral, a fin de promover la solución de diferencias, a través de la cooperación.
Promueve la participación y retroalimentación de la sociedad en el cumplimiento de la legislación laboral de nuestros países, a través de un canal de comunicaciones públicas que recibe y da seguimiento a las solicitudes de información realizadas por ciudadanos y organizaciones sobre posibles faltas en la aplicación efectiva de la legislación laboral. Esto contribuirá a resolver conflictos laborales y prevenir su avance a paneles arbitrales.
Ampliar los compromisos en materia de protección del medio ambiente
Incorpora disposiciones inéditas para fortalecer el compromiso de los tres países con la protección de la capa de ozono, del ambiente marino y la calidad del aire; así como con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y el manejo forestal sostenible.
Fomenta la transparencia y participación de la sociedad en el cuidado y protección del medio ambiente de la región, estableciendo un mecanismo de comunicaciones públicas que permite a ciudadanos y organizaciones presentar peticiones de información, y recibir respuesta, por posibles omisiones en la aplicación efectiva de la legislación ambiental en los territorios de cualquiera de nuestros países.
Sujeta las obligaciones del Capítulo de Medio Ambiente al mecanismo de solución de controversias del acuerdo.
Establecer obligaciones claras para cooperar en el combate a la corrupción
Facilita la cooperación en la persecución de delitos como el soborno, cohecho internacional, malversación y desvío de recursos, así como tráfico de influencias y peculado, cometido por las empresas y autoridades de cualquiera de los países socios.
En particular, establece la obligación –sujeta al mecanismo de solución de controversias– de combatir la malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un servidor público.
Promueve la implementación de medidas como códigos de conducta, procedimientos para la selección y capacitación, declaraciones de conflicto de interés y procedimientos de remoción, para fomentar la responsabilidad, honestidad e integridad en la actuación de los servidores públicos.
Incorporar disposiciones que regulan la actividad de las Empresas Propiedad del Estado, para prevenir distorsiones en los flujos de comercio e inversión entre nuestros países
Fomenta la competencia justa, regulando el otorgamiento de subsidios a las Empresas Propiedad del Estado.
Garantiza que las Empresas Propiedad del Estado de los sectores energético y financiero de México continuarán llevando a cabo actividades estratégicas para el país.
Promueve estándares internacionales en materia de competitividad y transparencia para las Empresas Propiedad del Estado.
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