5 May 2020.- La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) rechazó el acuerdo tomado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), al considerar que atenta contra la salud, la competencia y la seguridad a la inversión en energía renovables.
Explicó que con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el COVID-19, la Cenace impide arbitrariamente, y con plazo indefinido, la entrada en operación de nuevas plantas de energía renovable en todo el territorio nacional y limita la generación de centrales en operación.
Sostuvo que el acuerdo firmado el pasado 29 de abril erige barreras a la competencia y desplaza a la iniciativa privada por la vía administrativa, beneficiando indebidamente a centrales de generación de Comisión Federal de Electricidad (CFE), más costosas y contaminantes.
Al igual que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Concamin advirtió que esa medida obligará a consumidores industriales y comerciales que tienen contratos de compra con generadores de energía limpia, a adquirir electricidad de mayor costo de la CFE, «afectando los ya críticos flujos de las empresas durante la contingencia».
Con este acuerdo, dijo, las autoridades, “en un momento de enorme vulnerabilidad en materia económica y sanitaria, retoman la ruta de captura regulatoria evidenciada en el pliego petitorio que CFE presentó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en agosto pasado”.
Agregó que las primeras medidas de dicho documento fueron instrumentadas por la Secretaría de Energía en contra del mecanismo de Certificados de Energía Limpia (CELs) y suspendidas por una serie de jueces federales que identificaron en ellas daños irreversibles tanto al medio ambiente como a los derechos de privados.
“Una vez más, nos encontramos ante una imposición de CFE a Cenace para que éste le favorezca en detrimento de que los clientes industriales puedan elegir el suministro eléctrico más competitivo para ellos, con el agravante que se impide indefinidamente la entrada en operación de plantas de generación cuya construcción está por terminar para suministrar energía competitiva a clientes ya contratados, además que tratarse de tecnologías amigables con el ambiente”.
Informó que la medida que se debe implementar desde el pasado 4 de mayo y con carácter indefinido, lesiona los derechos de inversiones privadas ya realizadas, con el consiguiente daño patrimonial para las empresas que construyeron las centrales de generación renovables.
De confirmarse esta arbitraria e improcedente disposición redundará en una mayor pérdida de confianza de los inversores, acercándonos aún más a la pérdida del grado de inversión como país, advirtió el organismo en un comunicado.
(Notimex)
