Inicia discusión sobre la reforma energética de Sheinbaum: Pemex y CFE como empresas públicas
CIUDAD DE MÉXICO, 10 oct (EFE) – La Cámara de Diputados dio inicio ayer a la discusión de la reforma energética impulsada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Esta iniciativa busca devolver a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su estatus como empresas públicas con un enfoque social, alejándose de las normativas del derecho mercantil que las regían anteriormente.
Durante una conferencia matutina, Sheinbaum, acompañada por Luz Elena González, expuso los puntos clave de la reforma, destacando que el principal objetivo es fortalecer estas empresas para que prioricen el servicio público sobre la rentabilidad comercial. “Las empresas regresan a ser públicas; el mercado no será su principal función, sino el servicio público”, subrayó Sheinbaum.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la recuperación del rol de la CFE en la generación de electricidad, con la meta de que produzca al menos el 54% de la energía del país. Este cambio busca contrarrestar la ventaja que los actores privados habían ganado bajo el marco actual. La CFE también tendrá un enfoque especial en la generación de energía limpia, incluyendo fuentes hidroeléctricas.
Además, la reforma establece que el Estado tomará control exclusivo sobre la explotación del litio, un recurso estratégico esencial para las tecnologías modernas. Bajo esta nueva regulación, ninguna empresa privada podrá extraer ni comercializar litio en México, fortaleciendo así el control estatal sobre este mineral vital.
El debate se centrará en la modificación de tres artículos constitucionales: el 25, el 27 y el 28, que redefinirán el carácter de las empresas estratégicas en el país. La reforma busca que Pemex y la CFE sean protegidas bajo un marco legal que refuerce su rol en áreas cruciales para el desarrollo energético de México.
Desde la administración de Sheinbaum se enfatiza que la reforma no pretende excluir la inversión privada del sector energético, sino equilibrarla. El objetivo es que el sector público recupere su liderazgo en áreas clave, mientras se permite la participación privada bajo nuevas reglas que prioricen el interés social.
Este nuevo enfoque podría tener profundas implicaciones para el sector energético, especialmente para las empresas privadas que operan en el país. Sin embargo, el Gobierno sostiene que la reforma fortalecerá la soberanía energética de México, garantizando un suministro más estable y accesible para toda la población.
