Javier Navarro propone reforma judicial con participación ciudadana en Nuevo León
El coordinador del Gabinete de Buen Gobierno pidió acelerar la armonización de la legislación local, que acumula más de 570 días de retraso, y planteó evaluar a jueces y magistrados con criterios técnicos y éticos.
Nuevo León debe impulsar una reforma al Poder Judicial que garantice la independencia de jueces y magistrados, reduzca la influencia política y fortalezca la certeza jurídica para ciudadanos y empresas, afirmó Javier Navarro Velasco, coordinador del Gabinete de Buen Gobierno del Estado.
Durante la charla “La Justicia de Nuevo León ¿Rezagada?”, organizada por Letras de Poder en el Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología (CIETT) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el funcionario planteó construir una “reforma norteña” que responda a las condiciones económicas, sociales y jurídicas de la entidad.
Navarro señaló que Nuevo León acumula más de 570 días de retraso en la armonización de la reforma judicial local respecto al plazo constitucional establecido, por lo que llamó a acelerar los trabajos legislativos para evitar vacíos jurídicos que afecten la confianza en las instituciones y la actividad económica.
El funcionario sostuvo que la selección de jueces y magistrados debe considerar su preparación, experiencia y principios éticos, en lugar de depender únicamente de mecanismos de selección aleatoria.
En ese sentido, respaldó una propuesta impulsada por el Centro de Estudios de Derecho (SEAD), junto con organismos empresariales y ciudadanos como CAINTRA, Coparmex y el Consejo Cívico, para establecer un sistema integral de evaluación de los aspirantes a cargos judiciales.
El modelo contempla revisar conocimientos jurídicos, trayectoria profesional, ética, capacidad para administrar recursos y personal, así como evaluaciones psicológicas. También propone que un organismo independiente, integrado por universidades y representantes de la sociedad civil, supervise el proceso de selección.
Navarro advirtió que los rezagos en materias como justicia penal, familiar y juicios de amparo tienen consecuencias directas para la población y pueden afectar la competitividad de Nuevo León. Añadió que la autonomía judicial es necesaria para fortalecer la confianza ciudadana y evitar que las resoluciones respondan a intereses políticos.
Sobre la incorporación de nuevas tecnologías, consideró que la inteligencia artificial puede ayudar a agilizar procesos administrativos y jurídicos, aunque subrayó que debe mantenerse como una herramienta de apoyo y no sustituir el criterio, la experiencia ni la sensibilidad humana de quienes imparten justicia.
El funcionario concluyó que una reforma consensuada y adaptada a las necesidades de Nuevo León contribuiría a fortalecer la certeza jurídica, un factor relevante para mantener la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.
