Colaborador Invitado

Democracia de las minorías

Por Juan Castillo

Ante la necesidad que tiene México de inversiones productivas y de incrementar su productividad y empleo, que le lleven a mejores estadios de desarrollo económico y social, mayor es el requerimiento que tiene de dar seguridad fisica y juridica, mediante la aplicación del Estado de Derecho, que den confianza a quienes están dispuestos a creer en este proyecto que llamamos México.

Sin embargo, la realidad que estamos viviendo apunta en otra dirección, ya que la inseguridad ha ido escalando diferentes niveles, cada vez más sofisticados: desde el robo a traunsentes, casas habitación y de autos, hasta el secuestro con mutilación de partes y ahora el cobro de derecho de piso por cualquier actividad empresarial que la ciudadnia realice, sean grandes o pequeños, que han llegado a la toma de poblados por la delincuencia organizada cuando no se cumplen sus exigencias.

Para complementar el cuadro y terminar de exhibir la falta de Estado de Derecho, se han venido suscitando problemas estatales y gremiales que vienen ocasionando problemas económicos y sociales de consecuencias insospechadas, si no se le pone freno. 

Como  ejemplos de lo dicho, se tienen los hechos en Michoacán, en Guerrero y en menor escala en otros lugares de México con gran influencia de la delincuencia organizada. 

Esto  ha obligado a una parte de la población a armarse y constituirse en algunos casos en autoridades alternas, abrogándose derechos que constitucionalmente no tienen, habiendo llegado a secuestrar a más de 60 soldados y desarmar a la propia policia municipal en diversos municipios, exhibiendo al Estado Mexicano como un ente incapaz de cumplir sus obligaciones constitucionales y sometiéndolo a sus decisiones de pueblo, municipio o ayuntamiento, con armas reservadas para ser usadas sólo por la autoridad o el ejército. 

En otros casos, solapados y cobijados por partidos y organizaciones diversas, grupos gremiales o disfrazados como entes de lucha social, se han mostrado como otra cara más violenta y retadora hacia el Estado que no ha dejado ver mayor voluntad para detener estos actos delincuenciales, justificados por un Diputado de oposición como la lucha contra una mayoría ilegitima en el Congreso. 

Tal es el caso del bloqueo que por más de tres meses han mantenido alrededor de 60 representantes de parte de los Yaquis en la carretera de Nogales, impidiendo el libre tránsito al que constitucionalmente todo mexicano tiene derecho y obstaculizando las exportaciones e importaciones que se hacen por esa importante vía, especialmente de la industria automotriz, hortícola y frutícola. El impacto económico y en el empleo desde Colima hasta Aguascalientes y Sonora, deberán cuantificarse a fin de medir el costo de la inacción de la autoridad. 

En igual circunstancia se tiene a las acciones de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CENTE), que con alrededor de 12 mil personas acampadas en el Zócalo del D.F. entre maestros y otros apoyadores, han mantenido sometidos a 8 millones de habitantes del D.F, más otros 10 millones al menos que vienen a la Ciudad de México a trabajar o a efectuar diversos trámites, o de turistas, a los que se les llegó a impedir su acceso a los hoteles en que se albergaban. 

Queda pendiente cuantificar el costo por las horas-hombre perdidas en el tráfico, el cierre de negocios en la Ciudad, el costo de quienes no pudieron llegar a sus trabajos por haber sido obligados a descender de sus transportes, además del deterioro de la imagen de la Ciudad y del país y su efecto en el turismo, derivado de los desmanes a los que México esta sujeto por la debilidad del Estado de Derecho. 

Estas mismas minorías han tomado la Cámara de Diputados (18 de agosto de 2013) y han mantenido sitiado y hostigado al Congreso, sin ninguna consecuencia, obligándolos a sesionar en sedes alternas, como las instalaciones de Banamex, ante la pasividad de la autoridad capitalina, acción de invasión al congreso que vuelve a repetirse después de que en diciembre de 2002 penetrarán a caballo trabajadores del campo y maestros, sin que hubiera ni una llamada al orden. 

Las debilidades mostradas en estos casos por el Estado Mexicano les deja claro a estas minorías vociferantes que sus amenazas violentas causan pavor a la autoridad, la que no actuara en consecuencia, por lo que se sienten confiados en seguir recurriendo y escalando estos actos, que les resultan impunes, pero que obviamente se traducen en desconfianza para quienes trabajan por México, arriesgando su patrimonio, su trabajo y sus proyectos, independientemente de su giro. 

Y como no tener desconfianza cuando un grupúsculo es capaz de retener a más de 60 soldados, como en los casos de Guerrero y Michoacán y sólo son liberados cuando la autoridad cumple con las condiciones de los pocos secuestradores que no representan el sentir regional y menos el nacional. 

¿Puede imaginarse el sentir de la opinión pública, que en general tiene en alta estima a sus fuerzas armadas a quienes se les ata de manos para imponer el orden que le manda la Constitución?, ¿Puede imaginarse lo que pasa con el espíritu de cuerpo en ese caso, contenido seguramente por una orden militar o policial, que es contrario a lo que se les ha enseñado en sus prácticas? 

En estos casos siempre se piensa en las consecuencias de proceder a imponer el orden y hacer prevalecer el Estado de derecho a esas minorias violentas, olvidándose que la ecuación tiene por el otro lado, la de las mayorias afectadas por los actos de unos cuantos, a los que el Estado privilegia, además del personal que tiene la tarea de actuar directamente en los disturbios, pero a los que se les manda a arriesgar su integridad física, sin lanzar ni un pétalo de rosa que pueda lastimar a los agresores, so pena de ser juzgados y castigados.

La posible desconfianza en el proyecto México, es la incertidumbre sobre ¿por cuánto tiempo podrá mantener el país este equilibio inestable, producto del sometimiento de las mayorías y de nuestras fuerzas del orden a las negociaciones impuestas por las minorías intransigentes y sectarias?¿Hasta cuando las mayorías y los encargados de imponer el orden estarán dispuestas a callar su voz?

Esta parte es básica, ya que conlleva la aplicación de la Ley por la autoridad, obligación a la que aparentemente ha renunciado en vías de lograr una paz que le permita aplicar los modelos de política que ha concebido, pero que aparentemente no han resultado.

En tanto todo esto sucede, no se debe olvidar que en las mentes de quienes son los dueños del capital que tanto requiere la actividad nacional, surgen las dudas sobre su aplicación en México, habida cuenta que tienen otras alternativas con iguales perspectivas de éxito, o hasta menores pero con mayor seguridad jurídica que la mostrada hasta hoy por nuestro país.

¿No es tiempo ya de hacer prevalecer el Estado de Derecho, por el Estado de Derecho mismo, para que minorías o mayorías aprendamos que cualquier acto tiene consecuencias, más cuando estos actos se hacen contra México? Y conste que aplicar o no aplicar la Ley, no tiene nada que ver con estar dispuestos a aceptar los costos políticos que el actuar implique. Es cumplir un compromiso que se hizo con la ciudadania.

 

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