4 de nov. 2014.- El Presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa al Congreso, para modificar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
El objetivo, dijo Peña Nieto, es facilitar la contratación y ejecución de las obras públicas, agilizando los procedimientos y garantizando que los recursos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, tal y como lo señala el Artículo 134 Constitucional.
Explicó que para elaborar dicha iniciativa se tomaron en cuenta la experiencia y las mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de contratación de obra pública.
En este sentido, los alcances de la iniciativa consideran nuevos mecanismos para la evaluación y gestión de proyectos. Por ejemplo, incorpora la figura de análisis comparativo del costo de ciclo de vida.
Con ella, las dependencias podrán elegir el mejor proyecto, considerando no sólo su costo inicial, sino también el de mantenimiento durante la vida útil de la obra.
Asimismo, se incorpora la figura de Proyecto de Magnitud o Alcance Relevante, misma que permitirá que los megaproyectos cuenten con un instrumento de gestión especializada acorde con su complejidad y elevada inversión.
Se incorpora también la figura de Gerencia de Proyecto, con ello se fortalecerá la etapa de planeación, organización y ejecución de una obra determinada, a fin de cumplir con su propósito social, dentro de los tiempos, costos y estándares de calidad establecidos.
Y con el fin de obtener las mejores condiciones en la contratación de obras, la iniciativa promueve el uso del Sistema en Línea CompraNet, como la principal guía para llevar a cabo los procedimientos de contratación. Este mecanismo permitirá que participen más licitantes en los procedimientos de contratación.
De esta forma, al haber mayor competencia y transparencia, el Estado podrá obtener mejores costos, logrando un ejercicio más eficiente de los recursos públicos.
Adicionalmente, con el objeto de asegurar la legalidad de los procedimientos de contratación pública, se establecen nuevos tipos administrativos para sancionar a los licitantes, contratistas y servidores públicos que evadan el cumplimiento de esta ley.
En cuanto a las medidas adicionales para brindar mayor certeza jurídica a los participantes, en materia de investigaciones de mercado, se plantea que la Secretaría de la Función Pública emita los lineamientos correspondientes, toda vez que hoy la ley vigente no define la metodología a seguir.
Igualmente, se precisan los requisitos que deberán observar los servidores públicos para la emisión del fallo que adjudique una obra.
La iniciativa de reforma también establece que los criterios de interpretación a esta ley, que realicen las Secretarías de Economía, de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público, tengan efectos generales y sean debidamente publicados en CompraNet.
Por otra parte, la reforma fomentará la formalidad, ya que las dependencias que hayan licitado obra pública deberán notificar al Seguro Social cualquier irregularidad en materia de seguridad social.
Y, por otro, prevé que en igualdad de condiciones las dependencias y organismos públicos deberán optar por personas físicas y empresas mexicanas en la adjudicación de las obras.
En síntesis, dijo el Presidente, se pretende agilizar la contratación y gestión de las obras públicas, que alienta una mayor competencia y transparencia, y brinda mayor certidumbre a todos los participantes del sector.
Por Lourdes Flores
