El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), indicó lo anterior al participar en un foro convocado por Senado de la República.
Explicó que, según datos del Foro Económico Mundial, México se encuentra en el lugar 118 de 138 países evaluados en cuanto a carga regulatoria, 113 en eficiencia del marco legal para la resolución de conflictos, y en general el lugar 116 en cuanto a Instituciones.
Añadió que por su parte el Banco Mundial, en su Reporte Doing Business 2017, otorga a México el lugar 93 de 190 países en cuanto a la facilidad para abrir un negocio, 83 para obtener un permiso de construcción, 101 para registrar una propiedad y 114 para pagar nuestros impuestos.
“Es por ello que, para el sector productivo nacional, la implementación de una política eficaz de Mejora Regulatoria es de la más alta prioridad y forma ya parte de la Agenda Nacional de Competitividad, dentro del Sistema Nacional de Competitividad impulsado en conjunto con la Secretaría de Economía (SE)”, indicó.
Añadió que Sistema de Competitividad es definido como el instrumento creativo y de control para la mejora continua de la competitividad a través de acciones sistemáticas que generen valor e impacto.
Al participar en el Panel “Retos y perspectivas de México en la visión del sector empresarial”, del foro de Consulta Pública Situación Actual de la Mejora Regulatoria para la emisión de la Ley General, convocado por el Senado de la República, Herrera Vega indicó que la reforma constitucional en la materia brinda un marco idóneo para comprometer al poder público, a través de las leyes reglamentarias, a realizar una profunda reflexión sobre su relación con la ciudadanía, y particularmente a hacer más eficiente y eficaces los actos de gobierno y administrativos.
El Presidente de Concamin apuntó que, según estimaciones realizadas por la SE, el actual costo de la regulación representa un 3.4% del PIB en todo el país; el costo promedio a nivel mundial ronda el 3.5%, sin embargo, los países más competitivos la han logrado reducir a solo 2%.
“Ése debería ser nuestro primer reto y ello podría llegar a representar cerca del 1% del PIB, con lo que se podrían disponer de recursos para invertir y generar un crecimiento del 3%. También podría representar la creación de 160,000 empleos formales y de 10,000 pequeñas empresas y micronegocios”, sostuvo.
Asimismo, exhortó a los legisladores de las diversas fracciones en el Senado de la República que, en uso de sus facultades constitucionales, México pueda contar en el corto plazo con un marco jurídico idóneo para la instrumentación adecuada de la mejora regulatoria, principalmente en los tres niveles de gobierno.
“Esta nueva legislación de carácter general, deberá ser lo suficientemente sólida para evitar los costos de una regulación, para disminuir los procesos burocráticos y sobretodo, para lograr la sencillez y la transparencia en todo acto de autoridad o frente a la autoridad”, sostuvo.
Esta nueva legislación debe, además, promover la competencia económica, buscando que no se establezcan monopolios o preferencias hacia algún sector de la actividad económica, así como un esfuerzo por parte del sector público para digitalizar y simplificar todos los trámites y servicios, aprovechando los avances tecnológicos.
Aunado a lo anterior, será importante incorporar sanciones para el cumplimiento de las obligaciones en materia de mejora regulatoria, ya que de lo contrario quedaría inocua la aplicación de la misma al no tener repercusiones legales, concluyó.
Staff ReportAcero
