Jesús Garza
El pacto fiscal vigente ya no refleja la estructura económica real del país. Hoy, el gobierno federal concentra alrededor del 80% del gasto público total, mientras que los estados y municipios operan con apenas 20%, pese a ser responsables de servicios esenciales como seguridad, movilidad, agua, infraestructura y desarrollo económico. Esta asimetría limita la capacidad de las entidades para responder a las demandas de una economía moderna y profundamente regionalizada.
El caso más evidente es Nuevo León, el motor industrial de México. De acuerdo con el INEGI, el estado aporta cerca del 7.9% del PIB nacional (INEGI, Cuentas de Entidades Federativas 2025). Sin embargo, recibe solo alrededor del 3.8% del gasto federalizado (CEFP, Cuenta Pública 2024). La desproporción es clara: Nuevo León produce mucho más de lo que la Federación le devuelve.
Además, Nuevo León concentra la mayor cantidad de inversión extranjera directa manufacturera del país y es epicentro del nearshoring. A pesar de ello, la Federación no ha incrementado la inversión en energía, agua, movilidad, seguridad y logística en la entidad. Esta falta de inversión federal está afectando la productividad industrial y deteriorando la calidad de vida de los habitantes del estado, quienes enfrentan presiones crecientes en infraestructura y servicios.
Las fórmulas federales de distribución de recursos profundizan el problema. El Ramo 28 (Participaciones) se asigna con base en recaudación histórica, no en crecimiento económico ni competitividad. El Ramo 33 (Aportaciones) se distribuye por población y rezago social, sin considerar productividad, exportaciones o atracción de inversión. Como resultado, cerca de 10 estados dependen en más del 90% de sus recursos de transferencias federales (SHCP, Finanzas Públicas Estatales 2025). El sistema premia rezago y castiga productividad.
La asignación de recursos tampoco coincide con la geografía productiva del país. Los estados industriales —que requieren fuertes inversiones en infraestructura y energía para sostener su crecimiento— reciben apenas 15% de la inversión federal en infraestructura nacional (SHCP, PEF 2026). El panorama se agrava si consideramos que el aumento de la deuda pública está desplazando recursos hacia el pago de intereses, un rubro que ya supera el gasto federal en salud y educación (SHCP, Informes Trimestrales 2025–2026).
El pacto fiscal no está funcionando. La brecha de ingresos entre los estados más productivos y los más pobres sigue ampliándose: mientras el PIB per cápita del norte oscila entre 18 y 22 mil dólares, el del sur se ubica entre 6 y 8 mil (INEGI, Cuentas Estatales 2025).
México necesita un nuevo pacto fiscal que premie productividad y competitividad. La falta de inversión en infraestructura y energía en los estados que sostienen el crecimiento nacional —especialmente Nuevo León— mermará su capacidad para seguir aportando a la Federación y al país
El autor es director general de Soluciones Financieras GAMMA, CEO de Miri Capital LLC e investigador no residente de Baker Institute en la Universidad de Rice. Tiene un doctorado en Finanzas y maestría en Economía Financiera, ambas por la Universidad de Essex en el Reino Unido.
