México requiere de 80 mil millones de pesos anuales, sostenidos, para invertir en nueva infraestructura hídrica y mantenimiento

9 de noviembre de 2022.- Sobreexplotación, mala optimización para el uso del agua en el sector agrícola y la pérdida de líquido a través de fugas, a consecuencia de la falta de un proyecto continuo de mantenimiento a las redes de distribución y de protección de las fuentes de agua, son las principales causas para el desabasto de recursos hídricos en México, así lo señala el análisis «Perspectivas del agua en México: propuestas hacia la seguridad hídrica”, presentado este miércoles en el Club Industrial en San Pedro Garza García, NL.

Junto con ello, las condiciones de cambio climático presentan retos puntuales que afectan la disponibilidad del agua y generan riesgos a las personas y comunidades, con escenarios de sequía que se vivieron el año anterior en el Valle de México y el estado de Hidalgo y los que se están presentando en el curso de este año en el norte del país, en ciudades como Monterrey y los estados de Baja California, Chihuahua y Sonora, lo que deja ver con claridad una tendencia que se está convirtiendo ya en una constante año con año.

El Consejo Consultivo del Agua, que preside Raúl Rodríguez Márquez, el Instituto para la Protección Ambiental de Nuevo León, a cargo del Mtro. Horacio Martínez Reyes y el Fondo Ambiental Metropolitano, bajo la dirección del Mtro. César Rafael Chávez, organizaron la presentación del documento que estuvo a cargo del doctor Fernando J. González Villarreal, Coordinador Técnico de la Red Agua de la UNAM y Director del Centro Regional de Seguridad Hídrica, bajo los auspicios de la UNESCO, y contó con la colaboración de Eduardo Vázquez Herrera, Director Ejecutivo de Agua Capital, Fondo de Agua de la Ciudad de México.

“La agricultura es el uso del agua que tiene los mayores volúmenes concesionados en todas las regiones hidrológico-administrativas”, se señala en el documento. En este sentido, el análisis propone que al hacer más eficiente los sistemas de riego y reducir en 10% el volumen destinado a este uso, el volumen ahorrado podría destinarse al abasto de agua potable, pues representa la mitad de este uso, o sería equivalente al uso destinado para fines industriales, incluidas las plantas termoeléctricas.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en México, 76% del agua concesionada se destina a usos agrícolas –agrícola, pecuario y acuacultura–; 15% al uso público urbano-doméstico y otros usos conectados a las redes de agua potable; 5% al uso no doméstico autoabastecido –industria, comercio y servicios–; y 4% a la generación de electricidad, excluida la hidroelectricidad.

“Las pérdidas por fugas superan el 40% del volumen de agua que ingresa en la mayoría de los sistemas de agua potable. A pesar de los avances en el desarrollo de infraestructura hidráulica, este esfuerzo no ha llegado todavía a todos los mexicanos”, añaden los autores.

El reporte propone, como solución a la problemática, incrementar el ritmo en la construcción de infraestructura hídrica; impulsar la eficiencia de los sistemas de agua potable y saneamiento. De igual manera, invita a reducir el uso destinado al riego y establecer proyectos de sectorización, programas de reparación de fugas y adopción de tecnologías.

Además, 60% de los cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación y sólo 50% del volumen recolectado en alcantarillado recibe tratamiento, esto sumado a que 71% del territorio nacional presenta grados altos de presión hídrica.

El cambio climático presenta retos puntuales que afectan la disponibilidad del agua y genera riesgos a las personas, ya que de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, 24% de los municipios del país registran una vulnerabilidad climática alta y muy alta, 106 de ellos tienen alta vulnerabilidad a sequías, y la propensión a inundaciones se concentra en 17 entidades federativas que albergan al 62% de la población.

Escenarios como los que se vivieron en Monterrey, en donde la sequía afectó la disponibilidad de agua, dejan ver con claridad una tendencia que se presenta año con año. Históricamente, en el estado de Nuevo León, 6 de cada 10 litros de agua destinados a los hogares vienen de las presas (datos de CONAGUA para el Plan Hídrico Nuevo León 2050). La industria se abastece en su totalidad de aguas subterráneas, mientras que la agricultura lo hace a través de aguas tanto superficiales como subterráneas. Esto significa que el uso del agua por parte de la industria no compite con el uso del líquido en la red pública.

Por otro lado, los principales factores que han limitado el acceso al agua en el país están asociados a la insuficiente inversión en infraestructura hidráulica, misma que ha decrecido paulatinamente, aunado al desperdicio del agua derivado de las bajas eficiencias de uso. México requiere una inversión de 80 mil millones de pesos anuales, sostenidos, para invertir en nueva infraestructura hídrica y mantenimiento.

En ese tenor, el documento indica que es indispensable incrementar la cartera de proyectos y ritmo de construcción de infraestructura hídrica, impulsar la eficiencia de los sistemas de agua potable (proyectos de sectorización, reparación de fugas y adopción de tecnologías); así como optimizar los procesos agrícolas e industriales para la explotación del recurso.

Estas acciones permitirán contar con mayor racionalidad en las inversiones para la expansión de dichos sistemas y así generar opciones viables que respondan a las necesidades sociales y económicas del país.

Como parte de la propuesta para solventar la problemática, los analistas consideran necesario gestionar tanto la oferta como la demanda. Además, señalan oportuno garantizar una sostenibilidad financiera mediante una Ley Federal de Derechos, rompiendo el círculo vicioso entre bajas tarifas y un bajo nivel de servicio.

Con los datos obtenidos, los investigadores buscan además fortalecer tanto la gobernanza como la gestión de los recursos hídricos. Esto a través de medidas como una Ley General de Aguas para hacer vigente el acceso universal al agua y al saneamiento, conforme al mandato constitucional, estableciendo un marco regulatorio adecuado, pero sumado a las políticas, presupuestos, recursos, capacidades y herramientas que permitan a las instituciones, autoridades y prestadores del servicio, atenderlo de manera eficiente. De igual forma, invitan a construir capacidades e impulsar la innovación.

El análisis concluye que garantizar el acceso al agua segura para todos los mexicanos es un derecho fundamental. El manejo y la conservación de los recursos hídricos del país se han convertido en un factor determinante del desarrollo sostenible y no puede postergarse. Es urgente llevar a cabo las acciones necesarias para que la seguridad hídrica sea una prioridad en la agenda nacional por el bien del país y de las familias mexicanas.