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Buscan aplicar mayores impuestos a minería

Zacatecas, 8 de abril de 2013.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión discutirá este mes una iniciativa que propone la creación de una contribución especial del 4 por ciento de la utilidad neta de las empresas mineras, para obtener recursos que beneficien a las comunidades en las que estas compañías operan. El Diputado Federal Adolfo Bonilla Gómez, secretario de la Comisión Especial de Minería en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, refirió que México aplica Impuesto sobre la renta a la minería pero no regalías, por lo que buscan aprobar esta iniciativa para obtener mayores recursos que beneficien a las comunidades donde se realiza la explotación minera.

“Los recursos así adquiridos por el Estado Mexicano se destinarían en 30 por ciento a los municipios donde se realice la extracción minera, un 50 por ciento a la propia entidad federativa y sólo el 20 por ciento restante al Fondo General de Participaciones”, detalló Bonilla.

El empresario Norberto Zavala, Director General de Industrial & Mining Solution (INMSO) y Presidente de la Asociación de Minas Nuevo León, refirió que de aprobarse esta medida inhibirá la inversión minera en México.

Bonilla, aclaró que hay la posibilidad de que las empresas mineras ejecuten obra que sea acreditable a este impuesto.

“Se contempla la formación de un comité que presidiría la federación donde participe un representante de la entidad federativa, y otro representante de los municipios donde estén asentadas las empresas mineras, así como dos representantes de las dos empresas mineras más importantes, y si es el caso un representante de las comunidades indígenas”.

Dicho comité definirá las obras que pueden ser acreditables para dicho impuesto, que pueden ser para desarrollo urbano, desarrollo social y protección del medio ambiente.

“Esperamos que pronto sea discutida y dictaminada en la Comisión de Economía y antes del 30 de abril sea discutida y en su caso aprobada en la Cámara de Diputados”.

El Diputado, refirió que el compromiso 61 del Pacto por México habla de transformar la minería en una industria eficiente y socialmente responsable.

“Los beneficios de la industria deben influir en los habitantes de las zonas donde estas se establecen. Para ello se establecerá lo siguiente: se habla en concreto una nueva ley de explotación minera que revise el esquema de concesiones y pagos de federales vinculados a la producción”.

“Los recursos emanados de estos derechos se aplicarán prioritariamente en beneficio directos de los municipios y comunidades donde se desarrolle la explotación minera”.

“Se llevarán a cabo mecanismos de concertación para respetar las tradiciones y de la cohesión social de las comunidades en cuestión.

“Se prohibirá la explotación minera de carbón en tiros verticales, en tanto no se garanticen la seguridad de los trabajadores mineros que eviten las tragedias que han sucedido”.

Zavala, de la Asociación de Minas, indicó que cuando en el Pacto por México se hace referencia a una “Nueva Ley de Explotación Minera”, la intención de los firmantes del mismo, fue considerar no sólo a la Ley Minera, sino a todo el marco normativo que regula la explotación minera en México, entendido como tal el conjunto de leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas.

Por lo que la reforma legislativa en materia minera, atendiendo a cada uno de los compromisos planteados en el Pacto por México, deberá de considerar los siguiente:

“En cuanto al esquema de concesiones y el establecimiento de derechos federales vinculados a la producción. Al respecto, deberá de modificarse la Ley Federal de Derechos, estableciéndose expresamente que están obligadas a pagar los derechos sobre minería, y en su caso, los derechos sobre producción, todas las personas físicas o morales titulares de una concesión minera o que desarrollen trabajos relacionados con la exploración o explotación de sustancias o minerales sujetos a la aplicación de la Ley Minera”.

Respecto al destino de los recursos indicó que deberá de reformarse: (i) la Ley de Coordinación Fiscal que es el instrumento legislativo en el cual se establecen las reglas de coordinación  del sistema fiscal, entre la Federación con los de los Estados, Municipios y Distrito Federal, así como las reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales. (ii) la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que es la que establece las bases de la programación, presupuesto, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. Adicionalmente conforme a la Ley Federal de Derechos, los destinos específicos de los derechos, se hará conforme a la mencionada ley.

En cuanto a la prohibición de la explotación minera del carbón mediante tiros verticales, donde no se garantice la plena seguridad de los trabajadores mineros Zavala indicó que para cumplir con este compromiso, en este momento no es necesaria una reforma legislativa, sino que la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, cumpla con sus obligaciones de verificación e Inspección.

Detalló que en la última reforma a la Ley Federal de Trabajo, (hace menos de 6 meses) el pasado  30 de noviembre de 2012, se estableció un Capítulo XIII BIS que expresamente regula los trabajos en las minas de carbón, en su caso se podría decir que la reforma legislativa, en este materia, ya está cumplida, y existe una norma oficial mexicana específica para la seguridad de las minas de carbón (NOM-032-STPS-2008. Seguridad para minas subterráneas de carbón).  De la lectura de ambas disposiciones se puede concluir que la explotación minera de carbón mediante tiros verticales que no garanticen la seguridad de los trabajadores, está prohibida.

“Consideramos que la reforma legislativa en materia minera, en este momento no debería incluir a la Ley Minera, publicada en el año de 1992 y reformada en los años de 2005 y 2006, y cuyo reglamento fue publicado hace menos de un año  (12 de octubre de 2012), toda vez que la misma no regula ninguna de las materias del encaminadas a cumplir con los compromisos del Pacto por México”, explicó Zavala.

“Asimismo, como Asociación que agrupa a profesionistas de diversas materias relacionadas con la actividad minera en México, estamos convencidos que la Ley Minera vigente,  cumple con su objeto, otorga seguridad y certeza jurídica, considera los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, actualmente tan discutidos, y protege el interés del Estado, por lo que siendo esta una ley que regula adecuadamente la realidad del sector y del país en materia de minera, incentiva la inversión en México, haciendo que la minería sea fuente de desarrollo económico y social, aún en aquellas zonas más alejadas de los centros de población”.

El empresario, propuso que en base a la derrama económica que hoy en día el sector minero deja en México (cuarto generador de divisas), la actual Coordinación General de Minería debe de elevarse al Rango de Subsecretaría, dada la importancia del sector.

Durante la mesa de trabajo sectorial industria minera, en el marco de la consulta para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, realizada el viernes pasado, estuvieron presentes Octavio Rangel Frausto, oficial mayor de la SE; Jorge Cantú Valderrama, coordinador general de Delegaciones Federales de la misma dependencia federal; Jaime Lomelí Guillén, director general del Grupo Bal; Xavier García Quevedo Topete, presidente de Industrial Minera México, y Fernando Alanís Ortega, director general de Peñoles.

También estuvieron presentes, Patricia Salinas Alatorre, secretaria de Economía del Gobierno del Estado; Armando Pérez Gea, director general del Fideicomiso de Fomento Minero de la SE; los titulares de Desarrollo Económico de los gobiernos de Sinaloa y San Luis Potosí, representantes de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero; directores y jefes de departamento de la industria minera, directores de universidades, representantes de cámaras empresariales, consultores, así como funcionarios estatales y federales.

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