El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador publicó el martes un decreto que exime a Pemex del pago de impuestos DUC para el cuarto trimestre y enero.
La eliminación de dichos gravámenes equivale a cerca de 70 mil millones de pesos mexicanos (4.1 mil millones de dólares).
Lo anterior se suma a la serie de apoyos que el gobierno de México ha dado a Pemex para cumplir con sus obligaciones, pero no resuelve el problema de raíz de la petrolera.
Cabe recordar que en el presupuesto fiscal de este año se incluyeron 145 mil millones de pesos (8.5 mil millones de dólares) de ayuda para Pemex, pues tiene pagos programados de de deuda por 11 mil millones de dólares.
En México el presidente no necesita la aprobación del congreso para disminuir impuestos o renunciar a la recaudación.
Esta medida, lejos de ayudar a Pemex, da incentivos perversos para que la petrolera siga operando como hasta ahora, provocando un mayor estrés financiero en el futuro a la espera de apoyos del gobierno.
Además, la constante ayuda del gobierno genera presión sobre las finanzas públicas en un año donde el déficit presupuestario se contempla en 4.9% del PIB, siendo el mayor desde 1988.
La situación financiera de Pemex no es sostenible en el corto plazo y representa un riesgo importante para las finanzas públicas y un reto para la siguiente administración.
El problema de alto endeudamiento de Pemex podría aminorarse con la venta de activos no estratégicos, lo cual serviría para pagar parte de la deuda de la petrolera y bajar sus costos operativos.
Pemex es una de las petroleras más endeudadas a nivel global y no cuenta con grado de inversión en su deuda, razón por la cual le cuesta muy caro financiarse en los mercados financieros internacionales.
La eliminación de los impuestos sucede luego de que la agencia calificadora Moody’s Investors Service redujera la calificación crediticia de Pemex de B1 a B3, por debajo del grado de inversión, debido a que la empresa petrolera estaría al borde de la quiebra sin el apoyo del gobierno mexicano.
