Perdería México capacidad de producción de 680,000 barriles diarios de petróleo por problema de deudas
11 de julio de 2025.- México podría perder hasta 680,000 barriles diarios de capacidad de producción entre 2024 y 2030, más que cualquier otro productor a nivel mundial, considera la Agencia Internacional de Energía, AIE.
A menos que esta tendencia se revierta, México pasará de ser un exportador estratégico a un importador neto de crudo antes de que termine la década.
Esta recesión no se debe a la disminución de las reservas ni a una geología adversa, sino a una causa clara y prevenible: la ruptura del ciclo financiero entre PEMEX y su cadena de suministro.
Al cierre del primer trimestre de 2025, PEMEX había acumulado más de $404,000 millones de pesos ($22,000 millones e dólares) en facturas vencidas a proveedores (más del doble que en 2018), además de $50,000 millones de pesos adicionales en servicios ejecutados que permanecen fuera de registro.
Esta moratoria de facto ha paralizado más de la mitad de las plataformas de perforación del país, ha reducido drásticamente la producción nacional de petróleo en 160,000 barriles diarios en tan solo seis meses y amenaza con descarrilar los planes operativos para 2026.
Lo que está en juego no es solo la continuidad técnica de la industria, sino la capacidad de México para defender su soberanía energética, mantener los ingresos públicos y conservar su posición geopolítica como productor confiable de petróleo. El único camino realista comienza con una acción inmediata y verificable: restablecer los pagos a los proveedores.
Anatomía de la deuda
La deuda con proveedores de PEMEX no se ha reducido, simplemente se ha reestructurado. Entre finales de 2024 y marzo de 2025, los pasivos comerciales reportados de la compañía disminuyeron de $505,000 millones a $404,300 millones de pesos.
Sin embargo, esta aparente reducción no se debió a esfuerzos de pago sostenidos, sino a un cambio contable: gran parte del pasivo se reclasificó como deuda financiera a corto plazo, la cual aumentó un 32% durante el mismo período.
Además de la deuda reconocida, más de $50,000 millones en servicios ejecutados aún carecen de registro en COPADE.
Se trata de servicios debidamente prestados por contratistas, pero aún excluidos del sistema formal de facturación. Sin registro, estas órdenes de servicio no generan derechos de pago, no aparecen en los estados financieros y no tienen un horizonte de pago claro. Esta opacidad ha llevado a decenas de empresas a dificultades financieras, cortándoles el acceso al crédito y obligándolas a reducir o suspender sus operaciones.
El desembolso de $147,000 millones de pesos del gobierno federal en el primer trimestre de 2025 no resolvió el problema central. Cubrió solo un tercio del total de pasivos y no abordó las condiciones estructurales que impiden el flujo regular de recursos. Más de $268,000 millones de pesos siguen sin pagarse sin un cronograma definido, mientras que los $50,000 millones de pesos en estimaciones no registradas continúan acumulándose en un limbo administrativo.
La ausencia de un mecanismo de pago oportuno está directamente relacionada con el déficit de liquidez en áreas estratégicas. El presupuesto anual de Exploración y Producción de PEMEX se redujo drásticamente en un 66%, una cifra sin precedentes, pasando de $373,000 millones de pesos a $127,000 millones de pesos en 2025.
Más de la mitad de esa cantidad se gastó tan solo en el primer trimestre. Con menos del 45% del presupuesto anual restante, PEMEX no cuenta con margen financiero para liquidar deudas sin interrumpir aún más las operaciones críticas de campo.
A menos que la situación cambie, la consecuencia inmediata será una contracción de los indicadores técnicos clave y una erosión más amplia de la capacidad operativa. La falta de pagos ha interrumpido las órdenes de trabajo, cortado las cadenas de suministro y debilitado las relaciones comerciales con los proveedores de servicios que sustentan la producción diaria.
Las decisiones de inversión, mantenimiento, intervención de pozos y reemplazo de equipos ya no se rigen por prioridades técnicas, sino por la incertidumbre financiera. Lo que está en juego no es solo un mes de operaciones, sino la estabilidad de todo el sistema energético nacional.
La industria estima que reactivar la infraestructura suspendida podría tomar entre tres y cinco años, con sobrecostos superiores al 20% debido al deterioro de los activos, la pérdida de capacidad técnica y la fragmentación de la cadena de suministro.
No se trata de un atraso operativo temporal: México atraviesa un proceso silencioso de descapitalización energética. Cada día que pasa, el problema sigue sin resolverse, y la plataforma fiscal y técnica que sustenta al Estado mexicano se vuelve más difícil —y más costosa— de reconstruir.
Reportacero
