29 de marzo de 2017.- Francisco Javier Gallo Palmer, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), pidió a los diputados modificar el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas para eliminar las modalidades de asignación directa e invitación restringida.
Durante el Foro Nacional para el Fortalecimiento de las Mipymes de la Construcción, el empresario también solicitó establecer en la misma ley la obligatoriedad para las dependencias de conformar los comités ciudadanos de fallos.
Además solicitó que se modifique el artículo 27 Bis de la citada legislación, para que los testigos sociales intervengan en los contratos, a partir de 10,000 salarios mínimos.
Al hablar de la situación de las Mipymes, indicó que de las más de 33,000 empresas de la construcción en el país, 97.6% son microempresarios y concentran 76% de personal ocupado; seguidas de las pequeñas, con 13.5%, y las medianas, con 11%.
“Las Mipymes tienen una gran participación en la economía nacional y, sin embargo, solo tienen una tercera parte de la asignación de obra», expuso Gallo Palmer.
En tanto, el priista Carlos Sarabia Camacho indicó que la Cámara baja hará lo que le corresponde, «los diputados no vamos a hacer algo que no vaya de acuerdo con los microempresarios, pues mi grupo parlamentario siempre ha luchado por las causas sociales”.
A su vez, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, señaló que para que el presupuesto público alcance, se debe caminar en una dirección, es decir, autorizar las licitaciones públicas que sean posibles y sólo aquellas adjudicaciones de invitación directa como sean necesarias.
De igual forma, planteó abrir el proceso al escrutinio público para que cada vez puedan participar más.
En tanto, la secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Daniela De los Santos Torres, dijo que es urgente revertir la corrupción en este sector, por lo que es necesario sacar adelante las reformas a la Ley de Obras Públicas.
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