27 May 2020.- La comunidad indígena Urbana de Cantagallo, Perú, registra un 73 por ciento de contagios de COVID-19, por lo que su situación sanitaria es grave y crítica y debe ser atendida de manera especial por el Estado, solicitó hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Tras la realización de pruebas rápidas el 12 de mayo, siete de cada 10 pobladores indígenas shipibo-konibo localizados en el distrito de Rímac, en Lima, resultaron positivas al nuevo coronavirus, señaló en un comunicado el organismo adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Además, tres personas de la comunidad indígena han perdido la vida a causa de esta enfermedad, una población en vulnerabilidad preexistente en lo que respecta a sus derechos económicos, sociales y culturales, entre otros derechos humanos, lo que ha generado las condiciones para una propagación elevada de COVID-19, criticó la CIDH.
“(La comunidad) está integrada por 238 familias provenientes del pueblo indígena shipibo-konibo que se asentaron en Lima hace más de dos décadas, luego de haber salido de sus tierras ancestrales en la región amazónica por motivos económicos y de seguridad”, describió la Comisión.
“A raíz de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, la comunidad se encuentra en aislamiento social obligatorio y habría recibido muy pocos servicios sociales básicos de la municipalidad de Lima y otras autoridades estatales. La comunidad enfrenta la insuficiencia de los servicios de agua y saneamiento, alimentación, vivienda, acceso a medicamentos y a la alimentación”.
La CIDH añadió que las restricciones sociales implementadas en Perú para contener la pandemia de coronavirus han derivado en la suspensión de la principal fuente de ingresos de esta comunidad indígena, que es la venta de arte y otras actividades culturales.
“Solamente el 30 por ciento de las familias lograron acceder a lo bonos distribuidos por el Estado en el marco de la pandemia. La comunidad tampoco habría recibido apoyo del Estado en relación a los fallecimientos que se han dado por el COVID-19”, subrayó.
“La histórica discriminación hacia los pueblos indígenas se ha traducido en una vulneración estructural y sistemática de sus derechos humanos, especialmente sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.
El gobierno de Martín Vizcarra, presidente de Perú, y el Estado peruano en su conjunto deben garantizar los derechos de los pueblos indígenas al momento de adoptar medidas de atención, tratamiento y contención de la pandemia, además de buscar mitigar los impactos diferenciados que pueden generar esas medidas, consideró la CIDH.
Además, asentó que, en coordinación con las autoridades indígenas shipibo-konibo, además, el Estado peruano debe proveer alimentación, medicinas, acceso al agua y saneamiento, vivienda y otras necesidades para garantizar el goce de sus derechos.
Perú es uno de los países más afectados por la pandemia de coronavirus del continente americano, pues concentra 129 mil 751 contagios confirmados y tres mil 788 defunciones, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud.
(Notimex)
