La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatirá la próxima semana otro proyecto relacionado con las impugnaciones a la Guardia Nacional, la corporación que acumula diversos recursos jurídicos que cuestionan su origen militar y su transferencia administrativa y operativa a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Se trata de una sentencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf en la que propone negar un amparo a México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) contra el diseño jurídico de la corporación, al que califica como “fachada para el sistema centralizado militar”.
“La Ley de la Guardia Nacional rompe con el sistema nacional de seguridad pública, ya que no coordina la participación de los estados y municipios, sino que los somete al poder federal”, acusó la asociación, al impugnar los artículos 88, 89, 90, 91 y 92 de la legislación que regula la coordinación y colaboración de la GN con estados y municipios.
Al realizar el estudio de fondo de las normas impugnadas, Ortiz Ahlf declaró infundados los argumentos de México Unido Contra la Delincuencia sobre que la centralización de la seguridad pública conlleve a la militarización del país, pues consideró que la “seguridad pública es una función del Estado que se ejerce a través de la Federación, las entidades federativas y los municipios.
