Dr. Jorge A. Lera Mejía
jalera@uat.edu.mx
La reciente aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas a México ha generado gran inquietud en ambos lados de la frontera. Esta medida, impulsada por el expresidente Donald Trump y aún pendiente de discusión en el Senado estadounidense, podría entrar en vigor el 1 de enero de 2026 y tendría profundas repercusiones económicas y sociales para millones de familias mexicanas, en particular en estados fronterizos como Nuevo León y Tamaulipas.
México es el principal receptor de remesas provenientes de Estados Unidos, con más de 64,700 millones de dólares recibidos en 2024, equivalentes al 2.4% del PIB nacional. Estas transferencias superan incluso los ingresos por exportaciones petroleras y turismo, y son fundamentales para el sustento de aproximadamente 4.9 millones de hogares mexicanos. Estados como Tamaulipas y Nuevo León, por su ubicación geográfica y lazos migratorios, dependen en gran medida de estos flujos.
En Tamaulipas, por ejemplo, las remesas constituyen una fuente esencial de ingresos para miles de familias, especialmente en comunidades de bajos recursos. Según estimaciones de BBVA Research, la aplicación del impuesto podría traducirse en una pérdida de hasta 50 millones de dólares anuales solo en este estado, afectando directamente el consumo local, la estabilidad social y los pequeños negocios que dependen del gasto de las familias receptoras. Además, la reducción en el flujo de remesas impactaría negativamente la recaudación fiscal local, ya que menos consumo implica menos ingresos por impuestos como el IVA y el ISR.
En Nuevo León, aunque la dependencia de las remesas es menor en comparación con Tamaulipas, el impacto no sería despreciable, por lo que las familias en Nuevo León podrían dejar de recibir cerca de 52 millones de dólares anuales debido al impuesto, considerando que en 2024 se contabilizaron mil 471 millones de dólares de las mismas, sin considerar posibles efectos adicionales como la reducción en el volumen total de remesas enviadas por el encarecimiento del envío.
Las remesas ayudan a complementar los ingresos de familias en zonas rurales y urbanas marginadas, y su reducción podría incrementar la vulnerabilidad social y limitar el acceso a servicios básicos como salud y educación.
La imposición del gravamen del 3.5% se sumaría a las comisiones ya existentes en los servicios de transferencia, que oscilan entre el 5 y el 10%, encareciendo aún más el envío de dinero. Esto reduciría el monto neto que reciben las familias mexicanas, disminuyendo su poder adquisitivo y capacidad para cubrir necesidades básicas. El efecto sería especialmente grave para los hogares más pobres, que podrían dejar de recibir hasta 43 mil millones de pesos al año, lo que incrementaría la pobreza y la desigualdad social en regiones vulnerables.
Existe el riesgo de que los migrantes busquen canales informales para enviar dinero y evitar el impuesto, lo que podría exponerlos a fraudes y actividades delictivas.
El gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha manifestado su rechazo a la medida, argumentando que representa una doble tributación y viola acuerdos bilaterales para evitar la doble imposición. Se han iniciado gestiones diplomáticas y legales para frenar la aprobación definitiva del impuesto, mientras que organizaciones civiles y financieras advierten sobre el impacto negativo en la economía nacional y regional.
El futuro de la medida depende ahora del Senado estadounidense, donde el debate se anticipa complejo. De aprobarse, se prevé un aumento temporal en el envío de remesas antes de la entrada en vigor del impuesto, seguido de una caída significativa en los flujos y un deterioro del consumo interno y la estabilidad de las familias mexicanas, particularmente en estados como Tamaulipas y Nuevo León.
