Trump dijo este mes que algunos vehículos y partes importados representan una amenaza para la «seguridad nacional», justificando los aranceles bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, la base de los aranceles aplicados al acero y al aluminio el año pasado.
La tarifa de automóvil de hasta un 25%, que se aplica a vehículos y componentes de cualquier otro lugar del mundo, sería automáticamente ilegal si no fuera por una excepción de la OMC otorgada en casos de seguridad nacional.
Hasta 2016, el uso de la cláusula de seguridad nacional era un tema tabú porque los expertos en comercio temían que pudiera convertirse en una forma común de sortear las normas y erigir el tipo de barreras comerciales que la OMC estaba diseñada para eliminar.
Pero ha surgido en disputas entre Rusia y Ucrania y entre Qatar y varios de sus vecinos, así como en las tarifas de Trump.
En un raro comentario de un alto árbitro comercial, Georges Abi-Saab, ex presidente del Órgano de Apelación de la OMC, el principal tribunal de comercio del mundo, dijo que dudaba que el argumento de seguridad nacional para los autos resistiera un desafío legal.
«Francamente, creo que si fuera un abogado (trabajando en el caso) no aceptaría tomar ese caso, no solo en aspectos morales, sino que creo que sería muy difícil hacer que prevalezca», dijo.
Las tarifas de los automóviles aún no se han materializado, ya que Trump le dio a la Unión Europea, Japón y otros exportadores importantes 180 días para negociar. Un desafío legal de cualquiera de las partes no se puede considerar hasta que las tarifas estén activas.
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