El Gobierno de Quintana Roo inició un programa de capacitación especializado en gobierno y justicia abierta dirigido a servidores públicos, representantes de la academia y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer la transparencia institucional, mejorar el acceso a la justicia y promover una administración pública más cercana a la ciudadanía.
El Curso-Taller «Formación en materia de Gobierno y Justicia Abierta para el Estado de Quintana Roo» reúne a representantes de los tres poderes del estado, municipios y órganos autónomos para desarrollar herramientas que permitan traducir los principios de apertura institucional en acciones concretas de mejora.
Durante la inauguración, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Reyna Arceo Rosado, destacó que la confianza ciudadana depende de instituciones transparentes, éticas y abiertas al diálogo, por lo que la capacitación representa un elemento clave para fortalecer la calidad del servicio público.
El programa es impartido por Peter Sharp Vargas, especialista en gobierno y justicia abierta con experiencia en América Latina y el Caribe, quien abordará temas relacionados con transparencia judicial, acceso a la información, lenguaje claro, protección de datos personales, atención centrada en las personas y diseño de estrategias para fortalecer la apertura institucional.
La capacitación se desarrollará en cinco sesiones virtuales que concluirán el próximo 19 de agosto. Además de contenidos teóricos, los participantes elaborarán diagnósticos y propuestas para mejorar los procesos de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la justicia en las instituciones participantes.
El curso también contempla la elaboración de una hoja de ruta con acciones específicas, responsables, indicadores y mecanismos de seguimiento, con el propósito de impulsar una implementación efectiva de los principios de gobierno y justicia abierta en Quintana Roo.
La iniciativa forma parte de la estrategia estatal para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la modernización institucional, mediante una mayor coordinación entre autoridades, academia y sociedad civil.
