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Quitar prisión preventiva oficiosa liberaría a 68,000 presuntos delincuentes

“Estamos hablando de 11 mil 640 acusados de homicidio, 7 mil 150 acusados de secuestro, 5 mil 617 de violación, 4 mil 013 de narcotráfico y narcomenudeo, 3 mil 800 de portación de armamento y explosivos, mil 405 de feminicidio, mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores y 405 por delincuencia organizada”, dijo Luisa María Alcalde.

16 de abril de 2024.- La Secretaría de Gobernación publicó el discurso integro de su titular, Luisa María Alcalde, en la conferencia presidencial matutina para informar sobre prisión preventiva oficiosa:

Con su permiso presidente.

Vamos a exponer, ya, por último, una preocupación que mantenemos en el gabinete de seguridad, respecto a una decisión próxima, en las próximas semanas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la prisión preventiva de oficio.

Primero, señalar que es la prisión preventiva de oficio.

La Constitución establece en el artículo 19, segundo párrafo, que las personas acusadas de cometer delitos que por su gravedad sean de alto impacto para la sociedad, como es el caso de delincuencia organizada, de narcotráfico, homicidio, secuestro, feminicidio, tortura, trata de personas, abuso sexual infantil, entre otros, deberán llevar su proceso bajo prisión preventiva, para poder garantizar -de entrada- que el acusado comparezca a juicio, que no haya una fuga y para salvaguardar la seguridad de las víctimas y de los testigos.

Entonces, ¿qué se va a discutir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las próximas semanas? La Suprema Corte está proponiendo invalidar el artículo 19 Constitucional y ordenar a todos los jueces del país en aplicar la prisión preventiva de oficio.

Esta decisión la toma a partir de una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, como sabemos, es una instancia judicial internacional que pertenece a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, en donde condena México y resuelve que se deben adecuar las leyes, incluyendo la Constitución para eliminar la prisión preventiva.

Aunque esta resolución por parte de la Corte Interamericana en realidad obliga a todo el Estado mexicano en su conjunto, la Corte atrajo la sentencia oficiosamente para interpretarla y ordenar unilateralmente como México debe darle cumplimiento sin que se tome en cuenta otras instituciones -una obvia- sería el Congreso de la Unión, quien debería analizar la posibilidad de estas modificaciones.

Creemos que la Suprema Corte no solo se excede en sus facultades, sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país.

Por ello, es que el viernes pasado, el gabinete de seguridad le enviamos una carta a todas las ministras, a todos los ministros, para plantearles cuáles son nuestras preocupaciones y de entrada señalamos que esta decisión impactaría a la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy.

Estamos hablando de 11 mil 640 acusados de homicidio, 7 mil 150 acusados de secuestro, 5 mil 617 de violación, 4 mil 013 de narcotráfico y narcomenudeo, 3 mil 800 de portación de armamento y explosivos, mil 405 de feminicidio, mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores y 405 por delincuencia organizada.

Aquí podemos ver los principales estados que se verían afectados por esta decisión, destaca el Estado de México, donde hay 21 mil 718 personas en prisión preventiva oficiosa, cabe destacar, que el número es tan alto –precisamente- porque la problemática está vinculada a la enorme tardanza de los propios jueces y de la cantidad de recursos y amparos que hacen que todos estos procesos duren mucho tiempo en resolverse.

Ese asunto debe atacarse por el propio Poder Judicial, la enorme tardanza de los procesos y las resoluciones, la liberación de estas personas -como hemos dicho- pondría en riesgo, primero, a los testigos y a las víctimas que son las personas que los han acusado, por supuesto, al personal, desde policías, personal de la fiscalía, los propios juzgadores.

Vemos un riesgo también, a la población en su conjunto ante la posibilidad de la comisión de nuevos delitos, a la seguridad nacional, porque se trata de individuos que presuntamente están asociados a grupos del crimen organizado y que cuentan con capacidad económica y operativa –incluso- con alto riesgo de darse a la fuga, y por supuesto, de manera adicional, estamos viendo con preocupación la carga excesiva, que esto significaría tanto para las fiscalías como para los juzgados.

Es decir, si de por sí hoy tardan muchísimo tiempo en resolver esta medida, va a aumentar esos tiempos cuando se trata de uno de los orígenes del problema. Por otro lado, también, señalamos a los ministros y a las ministras que esta decisión vulnera la soberanía nacional, pues la existencia de organismos internacionales no implica que los estados renuncien a su soberanía, ni a su derecho a autodeterminarse.

En el caso de México, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y se ejerce a través de los Poderes del Estado y de sus representantes populares, conforme al pacto federal que establece nuestra Constitución, es decir, ningún Estado, gobierno, organismo o tribunal extranjero puede ordenarle a México modificar su Constitución, modificar su régimen político, ni su forma de gobierno.

Hacerlo sería un acto inadmisible de injerencia, ¿y a quién le toca defender nuestra Constitución? Precisamente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque, aunque la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos tienen la misma jerarquía y deben interpretarse todos de manera armónica, cuando una norma internacional se opone a una norma constitucional debe prevalecer siempre nuestra Constitución.

Este ha sido el criterio que se ha tomado por la propia Corte, en anteriores ocasiones, e incluso el ministro ponente, el ministro Pardo ha interpretado de esta manera y es quien hoy está proponiendo invalidar este artículo Constitucional.

En este sentido, también, el artículo 9 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados, señala que México no puede reconocer resoluciones de organismos internacionales cuando esté de por medio la seguridad del Estado, el orden público o cualquier otro interés general de la nación.

Finalmente, la Suprema Corte se excede al anular una disposición constitucional, cuando la única facultada para reformar o para eliminar un artículo de la Constitución es el Congreso de la Unión, a través de los diputados y los senadores con dos terceras partes, con la ratificación de la mayoría de los congresos locales, nos parece que esta decisión, el poder judicial es asumirse como el gran poder de los poderes.

Ya, por último, queremos alertar que diversos juzgados federales han ido aún más lejos, porque sin que la Suprema Corte de Justicia se haya pronunciado sobre este tema, el pleno de la región centro-norte, que comprende 18 estados, emitió ya una jurisprudencia que ordena a todos los jueces de estos 18 estados a conceder suspensiones de amparo que promueven las personas que tienen órdenes de aprehensión, precisamente, por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Eso, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, es decir, los juzgados penales se le adelantaron, ya, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiendo unilateralmente un asunto que todavía no está resuelto por el Estado mexicano.

Así que, hacemos un llamado a la Corte, a respetar la Constitución, respetar la división de poderes, no excederse en sus en sus facultades, considerar las graves consecuencias que eliminar la prisión preventiva oficiosa tendría para la seguridad nacional en las circunstancias actuales y que valoren atacar mejor uno de los problemas de fondo, que es la enorme tardanza de las resoluciones, de sus asuntos que hemos denunciado en este espacio en múltiples ocasiones, es cuánto presidente.

 

 

Reportacero

 

 

 

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