Aprueban Reforma Energética sin concesiones, sólo contratos
13 de diciembre.- El Congreso de la Unión modificó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y contiene 21 transitorios, con ello se permite que empresas privadas participen en el sector de hidrocarburos y electricidad a través de contratos de servicios, producción y utilidad compartida o de licencia, entre otras modalidades, pero no se autorizan las concesiones.
Y a más tardar en un plazo de dos años, a partir de que se publique la Reforma, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de convierten en empresas productivas del Estado.
En los próximos 120 días naturales después de la entrada en vigor de la Reforma, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico para hacer efectivas las disposiciones de la reforma.
Hace unos días, en una conferencia de prensa, Álvaro Fernández Garza, presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación (CAINTRA), se pronunció a favor de que se aprobara el esquema de concesiones, ya que en todo el continente existe este tipo de contratos, mientras que México sólo los contratos de servicios.
Por otra parte, consideró que era acertado que el Sindicato de Pemex no esté representado en el Consejo de Administración.
“¿En qué país el Sindicato de Petróleos está en el Consejo de las empresas petroleras? En ninguno”, enfatizó Fernández Garza.
En este sentido, un estudio del Centro de Investigación para el desarrollo (CIDAC), sobre la iniciativa de Reforma Energética que presentó el Ejecutivo, señaló que es uno de los golpes más importantes al poder y a la participación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
“La reforma contempla una serie de medidas que merman el papel protagónico de los trabajadores miembros y dirigentes del sindicato. Actualmente se calcula que PEMEX cuenta con 155 mil trabajadores de los cuales alrededor de 101 mil son sindicalizados”.
El estudio ¿El fin del sindicato petrolero? Que publicó CIDAC, enfatiza que el adelgazamiento del poder sindical es un factor necesario, más no suficiente, para atraer la inversión privada al sector –como pretende lograr la reforma.
A lo largo de los años, el sindicato ha disfrutado de condiciones laborales mucho más generosas que las previstas en la ley laboral vigente, las cuales han representado altos costos al Estado y se han traducido a un pasivo laboral exorbitante.
Entre estas prestaciones se encuentra, por ejemplo, que los trabajadores sindicalizados disfrutan de un esquema de pensiones en donde reciben el 80% de su salario una vez que se jubilan, acceso a becas para financiar la educación de sus hijos, créditos hipotecarios y cuotas de combustibles y gas a mitad de precio.
“Resulta difícil pensar que las empresas privadas aceptarían invertir en el sector si estuvieran forzadas a contratar a los trabajadores en estas condiciones y manteniendo estos términos contractuales tan costosos”.
La reforma plantea el debilitamiento del STPRM principalmente por dos vías. En primer lugar, la reestructuración del Consejo Administrativo de PEMEX, expresada en el artículo vigésimo transitorio, que deja fuera al sindicato del Consejo es crucial. Y por otra parte un nuevo régimen de contratación que estará regido por estándares internacionales.
“Si bien el (supuesto) desmantelamiento del poder sindical y su injerencia en las decisiones de PEMEX es un cambio trascendental, hay que ser cauteloso sobre su potencial impacto en temas de corrupción y transparencia”, advierte el CIDAC.
El análisis subraya que la corrupción no es exclusiva del sindicato, pues existe un gran número de actores, desde contratistas, proveedores y otros miembros de la burocracia, igual de corruptos que no son afectados por la reforma.
—
Por: Lourdes Flores
