Caracas, 16 de agosto – El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha rechazado la propuesta de Brasil y Colombia para convocar nuevas elecciones tras las disputas surgidas en torno a los comicios del 28 de julio. Según el sistema electoral venezolano, Maduro fue reelecto, pero la comunidad internacional ha cuestionado la legitimidad de estos resultados.
Maduro defendió la «soberanía» de las instituciones venezolanas para resolver cualquier conflicto derivado de las elecciones y descartó la sugerencia de Brasil y Colombia de organizar nuevos comicios bajo la supervisión de observadores internacionales. La líder opositora María Corina Machado también se ha opuesto a esta propuesta.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, un tradicional aliado del chavismo, expresó que «todavía no» reconoce a Maduro como presidente electo y sugirió que el mandatario venezolano podría convocar nuevas elecciones. Lula recomendó que se establezca un comité electoral no partidista y se permita la observación internacional para garantizar la transparencia del proceso.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro como ganador, pero aún no ha presentado las actas del escrutinio. La oposición, por su parte, sostiene que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el verdadero vencedor, y ha publicado más del 80 por ciento de lo que asegura son las actas oficiales en un sitio web.
En respuesta a la crisis política, Maduro ha solicitado a la Corte Suprema que emita un dictamen. Tanto la Corte como el CNE están dominados por el chavismo y están dirigidos por militantes del partido oficialista.
Ayer, la Asamblea Nacional, compuesta exclusivamente por diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aprobó una ley que impone regulaciones más estrictas para las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país. Esta normativa, similar a las que existen en Rusia o Nicaragua, forma parte de un paquete legislativo promovido por Maduro en medio de las protestas por su auto-proclamación como presidente electo.
La nueva ley otorga a las ONG un plazo de 90 días para registrarse en un nuevo sistema y 180 días para adaptar sus estatutos a la nueva legislación. El gobierno argumenta que la ley mejorará la «transparencia» en la gestión de donaciones y evitará el uso de fondos para actividades «terroristas».
Sin embargo, críticos como el director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, denuncian que la ley tiene una «intención punitiva» y que la supervivencia de unas 10.000 organizaciones dependerá de la arbitrariedad de los funcionarios. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, y la ONG Provea han manifestado que la ley socava el espacio cívico y democrático, y advierten que representa una amenaza grave para las organizaciones defensoras de derechos humanos, facilitando la persecución de voces disidentes.
