12 de julio de 2021.- De acuerdo con el Análisis Económico Ejecutivo del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CEESP, la recuperación de la economía es lenta, además de que el indicador más reciente de inversión fue negativo en su cambio mensual.
El mercado laboral se mantiene débil desde varios puntos de vista y ello posiblemente se relaciona con el bajo dinamismo del consumo.
La situación de factores de gobierno, como inseguridad pública entre otros, es una limitante para la inversión y el crecimiento.
También anuncios como los de días recientes de medidas en el sector energía son disuasivos de la inversión.
Quizá la medida más importante y sencilla y menos costosa para reactivar la inversión y el crecimiento sea una posición oficial más racional frente a la inversión, más moderna y mucho menos ideológica.
LA ECONOMÍA SE RECUPERA EN SUS NIVELES, PERO CON FRAGILIDAD
Recientemente se ha presentado una recuperación de los indicadores económicos. Pero es pertinente insistir en que el significativo repunte anual que han mostrado a partir de abril no representa en su mayoría un proceso real de recuperación de la economía hacia una dinámica al menos similar a la que mostraba antes del 2019. Hasta ahora es principalmente el resultado del efecto aritmético de comparar niveles, sí con cierta recuperación, pero respecto a una base atípicamente baja, consecuencia del cierre de actividades por la pandemia en la primera mitad del año pasado.
La mayoría de los elevados incrementos anuales han sido insuficientes para recuperar los niveles de los indicadores previos a la pandemia. De hecho, como lo anticipó el CEESP en su momento, después de una pronunciada caída del nivel del PIB, la expectativa apuntaba efectivamente a una recuperación en “V”, sí, pero muy alargada del lado derecho; es decir una recuperación lenta, lo que al parecer se está cumpliendo. Incluso en algunos indicadores se observan ligeras bajas mensuales en sus niveles más recientes.
El dato más reciente de la inversión fija bruta de abril arroja un repunte anual de 42.1%, sin duda una buena señal a primera vista. Pero en términos mensuales disminuyó 0.9%, después de incrementos de enero a marzo (y resultados anuales negativos en enero y febrero). La inversión aún se mantiene 2.8% por debajo de su nivel previo a la pandemia en febrero 2020, y en niveles 8.2% y 16.4% inferiores al cierre del 2018 y al mes de las elecciones en ese año, respectivamente. Así, la cautela de los inversionistas continúa siendo evidente.
Por su parte, el mercado laboral se mantiene notoriamente débil. Hasta mayo aún había 2.5 millones de personas sin trabajar que sí lo hacían en marzo del año pasado. 1.9 millones de ellas que dejaron de participar en el mercado pero que manifiestan su voluntad de hacerlo y 0.6 millones que permanecen desempleadas.
En materia de empleo formal, medido mediante los registros del IMSS, solo se ha recuperado el 55% de empleos que se perdieron durante la pandemia. La dificultad de generar empleos es manifiesta. Y la mayor precarización del mercado laboral es congruente con ello. El porcentaje de la población ocupada en condiciones críticas1/ alcanzó 25.3% en mayo pasado, dentro de una tendencia particularmente creciente que mantiene desde 2019 (más allá de un pico en el confinamiento del año pasado y meses subsecuentes). Además, los salarios contractuales venían arrojando incrementos reales anuales hasta marzo pasado, pero en los meses siguientes se redujeron, seguramente debido al aumento de la inflación.
El menor empleo, la precarización del existente y la reducción de buena parte de los salarios reales son elementos al menos congruentes, si no es que causales, de la falta de dinamismo del consumo en el mercado interno que en abril creció sólo 1.2% respecto a marzo y fue 2.7% menor a su nivel prepandemia. Esto implica que la situación de la economía aún es frágil y requiere de un impulso real que incentive la inversión y el empleo.
Pero hay otros elementos que sin duda son limitantes importantes de la inversión y del crecimiento. Los resultados de la Encuesta de Expectativas del Banco de México señalan la incertidumbre sobre la situación económica interna cuando habla del “nivel de preocupación de los analistas en relación con los factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la actividad económica en México”, pero la mayor preocupación se concentra en factores de gobernanza, como problemas de inseguridad pública, impunidad, corrupción, problemas de estado de derecho e incertidumbre política interna.
Respecto a los niveles de inseguridad que persisten en el país, las autoridades afirman tener buenos resultados. Sin embargo, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en el periodo enero-mayo se registraron un total de 834,118 delitos, cifra 11.7% superior a la del mismo periodo del año pasado. En los tres primeros años de esta administración el total de delitos fue 18.2% mayor respecto a los primeros tres del gobierno anterior, y 21.5% respecto al mismo periodo de la administración de Felipe Calderón.
Los elevados niveles de inseguridad se relacionan con la incapacidad para controlar la delincuencia, resaltando en ello la debilidad del estado de derecho que fortalece la impunidad, genera costos importantes para personas y empresas, y altera sus formas de consumo e inversión. Los costos de la inseguridad se han convertido en un impuesto, en ocasiones silencioso y a menudo en forma de extorsión, que obliga a los agentes económicos a desviar recursos escasos para su protección y la seguridad de sus procesos productivos, además del costo que implican los efectos post delitos.
Calcular el costo de la inseguridad es complejo y varía significativamente en función de lo que incluya cada metodología. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre el Delito 2020 (ENVIPE) que elabora el INEGI, señala que en 2019 el costo del delito representó 1.5% del PIB. Por su parte, un cálculo del centro de estudios Institute for Economics & Peace, indica que en valor presente el costo de la violencia en México alcanzó el 21.3% del PIB con cifras para el mismo año.
Otro limitante significativo de la inversión y el crecimiento económico es la deficiente legalidad y aplicación del Estado de Derecho, que se manifiesta a menudo mediante cambios no previstos en las “reglas del juego” con modificaciones en regulaciones, reglamentos e incluso leyes, principalmente basados en preceptos ideológicos o con fines políticos. Ello contribuye gravemente a la incertidumbre, disuade la inversión y obstaculiza el crecimiento a futuro.
El gobierno ha tomado decisiones de este tipo recurrentemente, incluso desde antes de su toma de posesión. Muchas de las más importantes, aunque no todas, en el sector energía. En días recientes se anunciaron tres medidas en esas líneas. Primero, el gobierno concedió la operación de un campo petrolero a PEMEX dentro del que un consorcio internacional de empresas de los EEUU, el Reino Unido y Alemania han descubierto yacimientos importantes mediante una inversión de 325 millones de dólares hasta la fecha. La empresa líder del consorcio, Talos Energy, manifestó su frustración ya que “…después de 6 años de inversión significativa y la entrega de un plan de desarrollo creíble y en línea con los objetivos de México (la decisión de la autoridad fue) la repentina asignación de la operación a PEMEX…” La mayoría de los analistas expertos han opinado que la acción es un signo claro de cómo la autoridad favorece a la paraestatal frente a la competencia potencial de los inversionistas y está dispuesta a cambiar las reglas a medio camino para hacerlo.
Segundo, y en la misma línea que lo anterior, en el Diario Oficial del 11 de junio se publicaron modificaciones a las reglas generales de comercio exterior para 2020 que disponen que la autorización para el despacho en Lugar Distinto al Autorizado (LDA) para las mercancías de hidrocarburos, petrolíferos, minerales y algunos precursores químicos, sólo podrán tenerla las Empresas Productivas del Estado. Esta medida vulnera severamente a las empresas privadas participantes, ya que obstaculizará al punto de impedir: a los operadores de campos petroleros adjudicados legítimamente bajo las Rondas, exportar el crudo con la infraestructura construida e instalada para ello; a las mineras exportar sus productos desde sus muelles e instalaciones especiales; a las importadoras y eventualmente exportadoras de LNG, cumplir sus compromisos con la propia CFE o el CENAGAS; y a las terminales privadas de almacenamiento de productos petrolíferos, el recibir dichos combustibles para el abasto del mercado local que atienden empresas comercializadoras como BP, Shell, Total, Repsol, Valero, etc.
Tercero, se anunció la creación de una empresa estatal para la venta y distribución de gas LP a fin de moderar sus precios que, según el Ejecutivo, han aumentado desproporcionalmente debido al abuso de las empresas privadas de la industria. Cabe señalar que el precio del gas ha aumentado principalmente por el incremento del gas importado que a su vez se debe al elevado precio del crudo que se ha registrado hace meses. Aunque es posible que haya problemas de concentración en la industria gasera mexicana (que podría agravar el aumento del precio, aunque éste ha sido mayor en el exterior que en México2/). Desde un punto de vista técnico económico, la respuesta más adecuada al problema es trabajar en mejores regulaciones y mayor competencia. Por cierto, la Comisión Federal de Competencia ha trabajado extensamente en ello. En cambio, la medida indica que la autoridad tiene poca fe en la competencia y mucha confianza en la eficiencia de las entidades paraestatales, mismas que claramente han sido una fuente de pérdidas para el contribuyente a lo largo de los años. Además, si la intención es que el gas sea más accesible en precios, se requerirán subsidios, que significan un costo para el erario y quizá una competencia desleal para la industria, relacionado con ello, la medida ha despertado temores de control de precios.
Los resultados recientes confirman que la situación económica actual y sus expectativas no son tan buenas como parece. Aunque los pronósticos de crecimiento de la economía para el presente año se acercan al 6% y para el 2021 a 3%, esto aún reflejará primordialmente el “efecto rebote” tras la pandemia. Es urgente tomar medidas que faciliten la reactivación económica cuanto antes.
Entre ellas, quizá la más importante y a la vez la más sencilla y menos costosa, es la adopción de una posición oficial más racional frente a la inversión, más acorde a nuestros tiempos y mucho menos ideológica. Ello, tanto frente a la inversión pública como a la privada, nacional y extranjera.
México
Durante junio los precios al consumidor aumentaron 0.53%, porcentaje que si bien fue ligeramente menor al del mismo mes del año pasado (0.55%), fue el segundo más alto para el mismo mes desde el año 2000. Las presiones siguieron presentes por el lado del indicador subyacente, que reportó un aumento mensual de 0.57%, el más elevado para el mismo mes desde 1999. Las mayores presiones se observaron en el rubro de precios de mercancías que aumentaron 0.65%, en especial los de alimentos de bebidas y tabaco (0.76%). Los precios de servicios se elevaron 0.48%. Por su parte, el indicador de precios no subyacente tuvo un aumento de 0.42%, especialmente por el alza de 0.71% en los precios de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno. De esta manera la inflación general anual de junio se ubicó en 5.88%, la subyacente en 4.58% y la no subyacente en 10.0%.
Por su parte, a pesar de que la inversión fija bruta tuvo un repunte anual de 42.1% durante abril, este respondió básicamente al efecto aritmético que implica la comparación con niveles atípicamente bajos del año pasado y no precisamente a un proceso de recuperación. De hecho, a pesar de este comportamiento, la evolución mensual de la inversión mostró debilidad al disminuir 0.9%, después de tres mese al alza. Esto reflejó la baja mensual de 1.3% en la inversión en construcción y de 0.8% en la inversión en construcción.
En el caso del consumo privado en el mercado interno, se observa un repunte anual de 25.3%, su primer resultado positivo después de 16 meses consecutivos con variaciones negativas. Sin embargo, a pesar de que este comportamiento refleja una mejora importante, esta se debe principalmente al efecto rebote por compararse con niveles muy bajos durante la pandemia. Su evolución mensual sigue siendo moderada y reflejo de debilidad. En abril el consumo privado tuvo un aumento mensual de 1.2%, después de que el mes previo aumentara 2.9%.
Estados Unidos
La Reserva Federal (FED) informó que en mayo el crédito al consumo aumentó en 35 mil millones de dólares (mmd), cifra que superó los 20 mmd reportadas el mes previo y muy por arriba del pronóstico del mercado que anticipaba un aumento de 19 mmd. El crédito no revolvente, que incluye préstamos para automóviles, aumentó en 26.1 mmd, mientras que el crédito revolvente lo hizo en 9.2 mmd. En términos relativos, el crédito al consumo tuvo un incremento a tasa anual desestacionalizada de 10.0% en mayo. A su interior el crédito renovable se elevó en 11.4%, mientras que el crédito no revolvente aumentó 9.5%. De acuerdo con el reporte de la FED, la expansión del crédito al consumo en mayo fue la mayor desde diciembre de 2010.
Reportacero
