25 de Nov. 2020.- La Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI), con afiliación de firmas regiomontanas, manifestó su rechazo a la iniciativa del Ejecutivo respecto al outsourcing porque el Gobierno ya tiene los elementos legales para atacar las prácticas de simulación y evasión que afectan a los trabajadores y al fisco, pero no las aplica por corrupción e ineficacia del SAT, IMSS y STPS.
En un comunicado, expuso además considerarla como inoportuna ante la severa crisis de empleo que vive México.
«En la ANEI deseamos prosperidad para nuestro país y respaldamos el combate a toda forma de evasión fiscal y simulación laboral, pero sugerimos evitar atentar contra empresas respetuosas de las leyes», dijo el organismo empresarial, que preside Fernando Turner.
«Por ello, con relación a la iniciativa de reforma presentada ante la Cámara de Diputados con el propósito de prohibir la subcontratación de personal, consideramos que deben evitarse efectos contraproducentes para el empleo y la actividad económica, que terminen afectando negativamente a los trabajadores agravando la emergencia laboral».
En México entre desocupados, subocupados y disponibles que no están en la PEA suman 22 millones de personas que requieren empleo remunerador, refirió.
Además, 11 millones de trabajadores se encuentran en situación de pobreza laboral, es decir no ganan ni siquiera para poder adquirir una canasta básica.
«Esta emergencia exige evitar satanizar a empresas y empresarios y establecer incentivos para evitar siga cayendo la inversión. Por eso, hoy más que nunca se requieren políticas que estimulen el mercado laboral y reactiven la economía, pero siempre bajo un respeto a los derechos laborales de los trabajadores», exigió la ANEI.
«La eliminación de esquemas de tercerización y subcontratación de servicios que son aceptados en gran parte de los países, con su debida regulación y que no representan un detrimento de los derechos laborales, pudieran afectar a más de 4.6 millones de Pymes que generan el 57 por ciento de los empleos en el país».
Argumentos de la ANEI:
1.- La autoridad cuenta con elementos suficientes para combatir la simulación, evasión fiscal, subcotización salarial, y otras afectaciones de los derechos de los trabajadores, así como deducciones indebidas por las empresas.
«Su propuesta no aborda la efectividad y la honestidad de las autoridades responsables para actuar de acuerdo con sus responsabilidades, causa principal por la cual han proliferado esas prácticas», señaló en el comunicado.
2.- La eliminación de la subcontratación no deja en claro de manera fehaciente qué debe de considerase como “servicios especializados” permitidos, situación que genera incertidumbre jurídica afectando el desarrollo del desarrollo de las actividades económicas y abre la puerta a mayor burocracia y corrupción.
3.- Otorgarle facultad a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de autorizar o no a cualquier prestador de servicios especializados, provocará falta de flexibilidad y competitividad, e injusticias y corrupción.
«Consideramos esto inadecuado y creemos que el SAT, en conjunto con los organismos de seguridad social y laboral, debe de trabajar de manera coordinada, eficiente y honesta para el cumplimiento de las normas ya existentes, sin necesidad de incrementar la burocracia», dijo.
4.- La eliminación del “insourcing” (empresas prestadoras de servicios pertenecientes a los mismos accionistas u operadores), es una actividad que permite equilibrar el reparto de utilidades, sin reducirlo, para que los trabajadores de unidades económicas complejas tengan un trato más justo y equilibrar unidades económicas, por lo que puede ser vigilado con las disposiciones actuales para evitar los actos ilegales que se pretende eliminar con la iniciativa.
«Rechazamos utilizar las prohibiciones y el burocratismo como soluciones a los problemas causados por corrupción e ineficiencia de las autoridades responsables. Sin limpiar totalmente el SAT, IMSS y STPS, está reforma será otra acción fallida que solamente agravará la desconfianza y animosidad entre el gobierno y las empresas», subrayó.
«Esto perjudicará principalmente a los obreros y empleados que ahora luchan por conseguir empleos remuneradores. Acelerar la inversión y el crecimiento, aunque difícil para la actual administración, es la única forma de mejorar a los trabajadores».
