El documento consigna que a medida que el gobierno mexicano supervisa la implementación de la reforma energética debe considerar la mejor manera de priorizar el uso del agua de acuerdo con la ley y asignar los suministros cuidadosamente.
Conflictos que se avecinan, prioridades de la reforma energética y el derecho humano de acceso al agua en México, son algunos de los elementos que enfrenta la reforma energética, pues la adopción del acceso al agua como un derecho humano, ha creado una situación en la cual la asignación de recursos hídricos puede convertirse en una fuente de conflicto y tensión social.
El documento ofrece recomendaciones para iniciativas legales y políticas que ayuden a aliviar las posibles tensiones a medida que aumenta la producción de energía en el país.
El documento fu escrito por Alejandro Posadas, quien es consultor independiente, abogado, ex diplomático y profesor de derecho mexicano, y por Regina Buono, académica no residente en el Centro de Estudios de Energía del Instituto Baker.
«Las recientes reformas constitucionales han comenzado a abrir el sector energético de México al mundo», escribieron los autores.
«Las reformas están dirigidas, en parte, a facilitar el acceso a grandes cantidades de gas de esquisto (shale) técnicamente recuperable a través de esfuerzos de recuperación no convencionales, una empresa masiva y costosa que requerirá el uso de grandes volúmenes de agua en una región del país (noreste de México), donde el agua ya es escasa”, advierte el escrit.
Las nuevas leyes energéticas, añade, priorizan el desarrollo energético, imponiendo a los propietarios de tierras la obligación de cooperar con las empresas que intentan desarrollar el recurso.
La reforma energética mexicana, explica, tiene como objetivo facilitar el acceso a, entre otros recursos, vastas cantidades de gas de esquisto técnicamente recuperable.
De acuerdo con la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, se estima que 545 billones de pies cúbicos de este valioso recurso subyacen a México. La mayor parte del gas de esquisto se encuentra en la parte norte del país, donde también se localiza gran parte de la agricultura e industria en gran escala de México, según el documento.
Los autores consideran que el mandato de promulgar una nueva Ley General sobre el Agua que acompañó la adopción de la nueva disposición de derechos humanos proporciona una oportunidad para la transición de un modelo de administración del agua basado enteramente o principalmente en ingeniería como herramienta para proveer agua y a un modelo basado en una verdadera agenda de políticas sostenibles, basadas en el desarrollo, que busque asegurar la renovabilidad y disponibilidad del agua a largo plazo.
«A medida que el gobierno mexicano supervise la reforma energética, debe considerar la mejor manera de priorizar el uso del agua de acuerdo con la ley y asignar los suministros cuidadosamente», señalan los autores.
«Mejorar los procesos de participación pública y facilitar el uso de suministros alternativos a través de avances en tecnología son pasos importantes para disminuir o evitar conflictos sobre el suministro de agua en el país», añaden.
El documento forma parte de un proyecto de investigación del Centro de México que examina el estado de derecho en México y los retos que plantea para implementar la reforma energética del país.
Staff Reportacero
