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Revela inseguridad fragilidad de las instituciones encargadas de la prevalencia y el fortalecimiento del estado.- CEESP

27 de junio de 2022.- El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CEESP, consideró hoy en su Análisis Económico Ejecutivo, junio 2022, que la inseguridad pública se ha agudizado y se ha dejado al descubierto la fragilidad de las instituciones encargadas de la prevalencia y el fortalecimiento del estado de derecho.

México sobresale entre diversos países que han sufrido retrocesos en la prevalencia del estado de derecho.

En 2021 se ubicó en la posición 113 de un universo de 139 países en el índice de presencia del estado de derecho, después de un importante deterioro en los últimos años.

Ocupó lugares significativamente bajos en materia de corrupción, justicia civil, orden y seguridad, y justicia criminal.

Está entre los países con las tasas de homicidio más altas y con las ciudades más violentas del mundo.

El estado de derecho es obligación del gobierno, derecho de la sociedad que contribuye e indispensable para asegurar reglas claras para la inversión, la única vía para lograr una reactivación sólida de la economía.

EL ESTADO DE DERECHO: FUNDAMENTAL PARA EL CRECIMIENTO, PERO EN DECLIVE

A lo largo de varias décadas se han venido instrumentado políticas económicas en busca de fortalecer el crecimiento de la economía. Medidas de política monetaria, fiscal, de competencia y en materia de inversión, entre otras, que, si bien lograron establecer un entorno de estabilidad macroeconómica, hasta el momento no han podido concretar su objetivo de elevar el crecimiento económico de manera convincente.

Si bien hubo cierto progreso en el dinamismo de la economía y el abatimiento de la pobreza, en años recientes se ha detenido. La situación de los hogares no ha mejorado, los niveles de pobreza han crecido, hay precarización del empleo y elevada informalidad.

Las empresas enfrentan un ambiente regulatorio y fiscal complicado y costoso. Y los niveles de desconfianza de los hogares y de las empresas son elevados. El índice de confianza del consumidor nunca ha estado por arriba de los 50 puntos (el umbral entre pesimismo y optimismo) desde el inicio de su publicación. Los indicadores de confianza empresarial muestran una tendencia descendente en los últimos diez años.

Las estrategias en materia económica o sus resultados han sido insuficientes. Y últimamente la ausencia de un entorno de estado de derecho con reglas claras resulta en un ambiente en el que los hogares y las empresas no se desarrollan eficientemente y que ha contribuido a la corrupción y a la impunidad.

En años recientes la inseguridad pública se ha agudizado, generando un ambiente de peligro y extorsión que limita seriamente la actividad productiva, tanto de personas físicas como de empresas. Diversos especialistas y organismos nacionales e internacionales los señalan como factores sobresalientes entre los que inhiben el crecimiento de la economía.

Se ha dejado al descubierto la fragilidad de las instituciones encargadas de la prevalencia y el fortalecimiento del estado de derecho, que han sido amedrentadas y debilitadas por el gobierno, e incluso amenazadas con su posible desaparición.

La arbitrariedad en el manejo de los recursos públicos, la discrecionalidad en la asignación de proyectos de inversión en infraestructura, los problemas recurrentes de seguridad pública, de salud e incluso de educación son inquietantes para la sociedad. Esto es lo más importante, pero también para la certidumbre y confianza. Ello inhibe la inversión productiva y limita el crecimiento de la economía y por consecuencia, la generación de nuevos puestos de trabajo mejor remunerados.

La facilidad con que quienes atentan contra las leyes se libran de enfrentar algún castigo, es decir, la impunidad y la fragilidad del estado de derecho, resulta en inseguridad física, patrimonial y baja productividad que inhibe el progreso económico y social.

El problema ha alcanzado relevancia en la agenda mundial, por lo que la importancia de evaluar su situación para proveer información que contribuya a su combate es fundamental. En años recientes, diversos países han sufrido retrocesos en la prevalencia del estado de derecho. Entre ellos, México sobresale.

De acuerdo con el World Justice Project (WJP), “un efectivo estado de derecho reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades y protege a las personas de las injusticias, grandes y pequeñas. Es la base de una comunidad en paz, de oportunidades y equidad, que sustenta el desarrollo, el gobierno responsable y el respeto de los derechos fundamentales”.

Dicha organización genera un índice de la presencia del estado de derecho para muchos países. En esa clasificación México aparece en un lugar muy bajo. El WPJ utiliza una herramienta de medición cuantitativa que ofrece una imagen completa del estado de derecho en la práctica, basada en cuatro principios: rendición de cuentas, leyes justas, gobierno transparente y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas .

En 2021 México se ubicó en la posición 113 de un universo de 139 países, después de un importante deterioro en los últimos años. De 2017-2018 al de 2021, perdió 21 posiciones en materia de estado de derecho.

En seis de las líneas que integran este indicador, México ocupó lugares significativamente bajos, resaltando cuatro temas específicos y evidentes en la coyuntura del país.

En materia de corrupción México se ubicó en el lugar 135, después de perder 33 lugares en los últimos cinco años. En justicia civil y orden y seguridad perdió 31 posiciones para ubicarse en las posiciones 131 y 130, respectivamente. En cuanto a justicia criminal ocupó el lugar 129 tras perder 24 lugares.

La debilidad del estado de derecho en México es evidente, permitiendo que temas como la impunidad, inseguridad y violencia suman a la sociedad en un ambiente de temor.

Por su parte, en el Índice de Paz Global elaborado por el Instituto para la Economía y La Paz , México aparece como uno de los países más violentos al ocupar el lugar 137 entre 163 países. Ahí, se ubica entre los países con las tasas de homicidio más altas y con las ciudades más violentas del mundo.

En el reporte citado, se señala que en 2021 las ocho ciudades más violentas del mundo fueron: Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Juárez, Ensenada y Uruapan. Esta clasificación la elaboró el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. y se utiliza también en un reporte del Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores: Ciudades violentas. Panorama internacional y desafíos para México.

Esta situación contrasta con el discurso de las autoridades que insiste en subrayar la eficacia con la que se atacan los elevados niveles de inseguridad y delitos. Para ello se utilizan periodos de comparación que sugieren resultados positivos a fin de crear una percepción de éxito en la llamada “estrategia” en la materia.

En la conferencia matutina del pasado 20 de junio, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal presentó el informe mensual del gabinete de seguridad, que sostiene que los resultados de mayo “reflejan la baja en la incidencia delictiva en la mayoría de los delitos”. Por ejemplo:

  • La disminución de 26.6% en los delitos del fuero federal entre el inicio de esta administración y mayo del presente año, para ubicarse en sus niveles más bajos desde hace cuatro años.
  • En cuanto a las víctimas de homicidio doloso, si bien aumentó entre abril y mayo, el resultado de este mes fue el más bajo para el mismo periodo en los últimos cinco años, y 7.8% menor a su máximo histórico de 2018 (julio).
  • Respecto a sus máximos históricos, los robos disminuyeron 29.1% (vs octubre 2017), el robo de vehículo disminuyó 45.8% (vs enero 2018), las víctimas de feminicidio disminuyeron 31.2% (vs agosto 2021) y el secuestro se redujo 58.3% (vs enero 2019).

Es evidente que los periodos seleccionados por las autoridades son diferentes en todos los casos de forma que se puedan presentar como resultados favorables en la lucha contra el delito.

Sin embargo, al seleccionar periodos más homogéneos las cifras pueden mostrar un panorama distinto. Comparando exclusivamente con los resultados del mismo lapso del sexenio pasado, es decir, en el periodo enero-mayo del cuarto año de gobierno:

Las víctimas de homicidio aumentaron 52.4% y los feminicidios en 41.4%. En total los delitos por robo efectivamente disminuyeron 7.8%, pero a su interior los robos de autopartes aumentaron 183.3%, a transportistas en 23.1%, a transeúnte en espacio abierto al público 95.5% y en transporte público colectivo 13.5%.

En resumen, los resultados, utilizando bases de comparación homogéneas, muestran una realidad distinta. Una más acorde con la dinámica de violencia e inseguridad que vive diariamente la población del país.

Claramente, un estado de derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza, la inseguridad y protege a las personas de las injusticias. Representa una base sólida para un ambiente de paz, de oportunidades y equidad. Sustenta el desarrollo, el gobierno responsable y el respeto de los derechos humanos fundamentales. La mejoría en el estado de derecho en el país es ciertamente una obligación del gobierno. Es un derecho de la sociedad que contribuye para ello y es un ingrediente indispensable para asegurar reglas claras para la inversión, que es la única vía para lograr una reactivación sólida de la economía.

México

Durante los primeros quince días de junio, las presiones inflacionarias se aceleraron de tal manera que los precios reportan sus incrementos más altos en los últimos 24 años. En la primera mitad del mes, los precios al consumidor aumentaron 0.49%, que resultó ser su mayor avance para el mismo periodo desde junio de 1998. El principal origen (75%) de este incremento fue el alza de 0.50% en los precios del indicador subyacente, en especial por el aumento de 0.74% en los precios del rubro de alimentos, bebidas y tabaco, que fue el origen de una tercera parte de la inflación general. Los precios del rubro de servicios aumentaron 0.33%. Por su parte, los precios del subíndice no subyacente se elevaron 0.49%, respondiendo en buena medida al incremento de 0.85% en los precios agropecuarios. Los precios de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron 0.19%.

De esta manera la inflación anual en la primera quincena de mayo se ubicó en 7.88%, su mayor avance desde enero de 2001. La inflación subyacente fue de 7.47% y la no subyacente de 9.31%.

Durante abril el indicador global de la actividad económica tuvo su mejor desempeño de los últimos trece meses al reportar un incremento mensual de 1.0%, impulsado principalmente por el incremento de 1.3% en las actividades

terciarias. Las actividades secundarias crecieron 0.6%, mientras que las primarias cayeron 1.3%. De esta manera, respecto al mismo mes del año pasado el IGAE creció 2.0%, las actividades primarias 5.3%, las secundarias 2.9% y las terciarias 1.1%. No obstante, no fue suficiente para recuperar su nivel prepandemia.

Durante abril los indicadores de consumo continuaron mejorando. Las ventas al menudo aumentaron a una tasa mensual de 0.4%, de tal manera que, en su comparación anual, creció 4.3%. En su caso, ya superó en 3.6% su nivel prepandemia. Por su parte, el indicador de servicios aumentó 2.7% mensual, su mayor alza en los últimos trece meses. Con esto, su comparación anual representó un incremento de5.0%. Sin embargo, pese a este favorable comportamiento, su nivel aún está 4.1% por debajo de su nivel prepandemia.

Estados Unidos

La National Association of Realtors informó que, con base en cifras ajustadas a tasa anual, durante mayo se vendieron 5.41 millones de viviendas existentes, cifra que resultó 3.4% respecto a la venta de 5.6 millones de viviendas un mes antes. Asimismo, este resultado fue ligeramente menor al pronóstico del mercado que preveía la venta de 5.40 millones de viviendas. Por área geográfica las ventas de casas usadas disminuyeron 5.3% tanto en el medio oeste como en el oeste, mientras que en el sur cayeron 2.8%. Por el contrario, en el noreste aumentaron 1.5%. En su comparación anual la venta de casas usadas creció 8.6%. De acuerdo con los especialistas, la oferta de viviendas usadas sigue siendo limitada, además de que las tasas hipotecarias más altas y la inflación están contribuyendo a una desaceleración en la demanda. El precio medio de la vivienda existente aumentó 14.8% anual, con lo que acumuló 123 meses consecutivos al alza, su racha más larga registrada.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano señaló que, con base en cifras ajustadas a tasa anual, en mayo se vendieron 696 mil viviendas nuevas, lo que significó un incremento mensual de 10.7%, después de que en marzo se vendieron 629 mil unidades. El mercado estimaba la venta de 591 mil viviendas. Respecto al año pasado, las ventas de casas nuevas cayeron 5.9%. Por área geográfica, las ventas de casas nuevas cayeron 51.1% en el noreste y 18.3% en el medio oeste, mientras que en el sur aumentaron 12.8% y en el oeste 39.3%.

 

 

Reportacero

 

 

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