Otro factor de presión provino de Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva orientada a reforzar los controles del sistema financiero estadounidense.
La medida contempla que, en un plazo de 90 días, el Departamento del Tesoro proponga cambios regulatorios que permitirían a instituciones financieras solicitar pruebas de estatus migratorio y autorización laboral vigente a sus clientes.
Especialistas estiman que esta disposición podría provocar inicialmente un aumento temporal en el envío de remesas hacia México, antes de que entren en vigor las nuevas reglas. No obstante, a partir de septiembre se anticipa una caída de entre 10% y 20% en las remesas, situación que representaría un riesgo para el consumo interno y el crecimiento económico nacional.
Actualmente, las remesas equivalen aproximadamente al 3.5% del PIB mexicano y al 5% del consumo nacional.
