Cadena Cadena participó hoy en un evento organizado por el Clúster Energético de Nuevo León.
“Para medir los efectos de una acción siempre debemos estimar los beneficios que produjo. Uno de los objetivos principales era la libre importación de combustibles que permitiera una oferta en el mercado. Para que esta oferta exista debemos contar con producto para ofrecerles a los diferentes consumidores”, dijo.
Desafortunadamente, añadió, es fecha que no se ha podido importar gasolina ni diésel y ésta, señores, es señal clara que el objetivo de la reforma no se ha podido cumplir.
“Organismos involucrados hay muchos: El SAT, Aduanas, la Sener, la CRE (con sus diferentes permisos), la ASEA, Pemex, etcétera, pero al final pareciera que todo está encaminado a que no se pueda importar, y aquí señores, la falla es de todos nosotros, y no estamos cumpliendo con el consumidor, que sería el beneficiario de esta reforma”, explicó.
Es sabido por los informes de Pemex, dijo del robo y la ordeña de combustibles, robo que la propia empresa estima en más $10,000 millones de pesos. En este punto, a las empresas establecidas como distribuidoras nos exigen permisos, plantas que cumplan con todos los requisitos de la ASEA, reportes diarios de compras. Ventas e inventarios, además de los informes trimestrales, muestreo de producto, padrones en el SAT de importadores y el nuevo padrón de hidrocarburos.
Las empresas que están en los ilícitos, agregó, consiguieron permisos de importación, permisos de distribución y/o comercialización y con esta documentación legitiman su actividad, es decir, tienen una parte de documentos probatorios ante los clientes para legalizar su actividad.
“Por lo anterior, proponemos urgentemente que si sabemos qué autoridades son las que extienden los permisos, el origen de los combustibles no puede ser más que Pemex o importado, establezca la CRE un portal en el que cualquier usuario pueda confirmar si el origen del producto es lícito, para esto la CRE recibirá información de Pemex y del SAT para el producto importado para confirmar la actividad de comercialización”, indicó.
“El Clúster Energético de Nuevo León respetuosamente solicita seamos recibidos por ustedes para expresar multitud de ejemplos de esta sobrerregulación y de la comercialización de estos ilícitos. No pretendemos decir que la autoridad nos deba pedir permiso para tomar sus acciones, sino el efecto económico y burocrático de algunas medidas que no aportan ningún beneficio a nadie”, añadió.
Por ejemplo, dijo, piden reportes trimestrales, luego semanales y ahora hasta diarios, incluso llegaron a pedirnos sábados y domingos, que agradecemos hayan eliminado.
Los informes diarios, explicó, suponen una repetición innecesaria y desproporcionada de la información que trimestralmente los distribuidores envían a la CRE. Constituyen además una carga económica adicional a la actividad desarrollada pues su elaboración implica personal y sistemas que como les he dicho, no generan un valor agregado ni para el regulado ni para el regulador.
“De igual modo que los Terceros Acreditados, el estudio de impacto social es un requisito solicitado por el Artículo 118 de la Ley para la obtención del Permiso de Distribución. No obstante, al día de hoy no existe una metodología o regulación para la aprobación del impacto social, situación que también ha frenado el desarrollo de proyectos de plantas distribuidoras”, expresó.
El sector gasolinero, añadió, solicita que se revise por qué si tenía un 6.5% de margen de ganancia se redujo a un 5.7%.
“Procurar que el proceso de cambio de titular de permisos de expendio de petrolíferos en estaciones de servicio, a través de cesión de derechos, sea más ágil, en virtud de que se nos están presentando algunas complicaciones como la dificultad para obtener la devolución del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT)”, dijo.
Concluyo con lo siguiente:
1.La actividad de distribución se encuentra sobrerregulada. Tal sobrerregulación impide el desarrollo de nuevos proyectos y limita la inversión.
2.La sobrerregulación alienta la informalidad y el desarrollo de actividades incluso ilegales con las que un distribuidor con permiso y legalmente establecido no puede competir económicamente.
3.Las cargas regulatorias impuestas (los informes diarios) suponen medidas excesivas y pretenden exacerbar la vigilancia del Estado para evitar colusiones, abusos en los precios o depredación de mercados.
4.La flexibilidad con la que se atiende a Pemex (VPM, Contratos de Comercialización, temporadas abiertas) provoca un doble racero que es injusto: mientras al sector privado se lo observa en exceso para evitar abusos de mercado, a Pemex se le conceden reglas y se le toleran conductas que lejos de limitar su poder en el mercado, lo acrecientan.
5.Las empresas quieren cumplir con la Ley, pero buscan una regulación justa que promueva el desarrollo de la actividad, que atraiga inversiones y nuevos proyectos y que incentive la competencia.
6.La imposición de trabas a la importación y las reglas favorables a Pemex constituyen una barrera de entrada que no puede ser tolerada por la CRE.
Staff ReportAcero
