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Impone nuevas reglas Reforma Energética

9 de enero.- Con la modificación constitucional en materia energética que aprobó el Congreso de la Unión, hay un largo camino que recorrer. Además de los temas que deberán ser regulados en las leyes secundarias, se tendrán que adaptar nuevos sistemas de información y procesos de negocio, para cumplir con las leyes aplicables a la Administración Pública, indica un estudio realizado por la consultora KPMG.

En un plazo de 90 días naturales a partir de la aprobación del decreto, Pemex expondrá ante la Secretaría de Energía (Sener) cuáles son las áreas de exploración y extracción que propone operar por medio de asignaciones y emitirá un veredicto, aprobando o negando la autorización para dichas asignaciones en un plazo de 180 días naturales, a esto se le llama “Ronda Cero”.

“Un cambio muy llamativo es que Pemex tendrá la facultad para concluir proyectos de exploración vigentes, dentro de los próximos tres años, prorrogables dos años más. Si son exitosos, la paraestatal podría continuar con las actividades de extracción, de lo contrario, los proyectos serán eliminados o reasignados”, indica el estudio “el nuevo escenario con la Reforma Energética”, de KPMG.

Explica, que si en el proceso de adjudicación de asignaciones se afectan las inversiones de Pemex, estas serán reconocidas en su justo valor económico en los términos que disponga la Sener.

El resto de procedimientos de la industria petrolera: transporte, almacenamiento, distribución y refinación de hidrocarburos, así como la petroquímica, quedarán fuera de las actividades estratégicas estatales y, “en consecuencia, podrán ser llevadas a cabo por el sector privado, en los términos que establezca la ley reglamentaria”.

En cuanto a las dependencias federales involucradas, también tendrán algunos ajustes con respecto a sus capacidades actuales, comenta en el estudio, Gilberto Alfaro, socio Líder de la Industria Energética y Recursos Naturales, de KPMG en México.

La Sener estará facultada para otorgar permisos de tratamiento y refinación de petróleo y para el procesamiento de gas natural. Una vez extraídos del subsuelo, los hidrocarburos podrán ser vendidos por su propietario, para ser procesados incluso dentro de territorio nacional.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinará las condiciones fiscales de los contratos y licitaciones de exploración y extracción de hidrocarburos que expida la Sener.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía serán órganos administrativos desconcentrados de la Sener, trabajarán de manera coordinada en pro de la regulación energética.

Ambas entidades tendrán personalidad jurídica propia, autonomía técnica y cierta autonomía presupuestal, pues dispondrán de ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios en la emisión y administración de permisos, autorizaciones, asignaciones y contratos, y por los servicios del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos.

Por otra parte, el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos brindará asesoría técnica a la Sener, autorizará servicios de reconocimiento y exploración superficial, promoverá licitaciones, asignará ganadores y suscribirá contratos para exploración y extracción de hidrocarburos, puntualiza el estudio de KPMG.

También, tendrá a su cargo la supervisión de los planes de exploración y extracción de hidrocarburos que maximicen la productividad de los yacimientos en los lapsos y regulaciones pertinentes en esta materia.

Además, la Comisión Reguladora de Energía otorgará permisos de almacenamiento, transporte y distribución por ductos de petróleo, gas y petrolíferos; regulará el acceso abierto a los ductos de transporte y almacenamiento, y también se encargará de la venta de primera mano de estos.

En cuanto a Petróleos Mexicanos (Pemex), de ser un organismo descentralizado, pasará a ser una “empresa productiva del Estado”, su operación se sustentará en criterios de eficacia, eficiencia, honestidad, productividad y transparencia, con base en “mejores prácticas”.

Por otra parte, en un plazo no mayor a 12 meses luego de que entre en vigor la nueva ley reglamentaria, el Ejecutivo habrá de crear un organismo público descentralizado encargado de la operación del Sistema Nacional de Ductos de Transporte y Almacenamiento de Gas Natural, para regular esta actividad estratégica.

Nuevos retos para inversionistas

Los inversionistas tendrán que superar diferentes desafíos para insertarse en el nuevo escenario, para participar en función de la experticia de cada uno. En este sentido, es fundamental el conocimiento y experiencia para lograr una exitosa colaboración en las licitaciones que se darán en el futuro, comenta en el estudio, Gilberto Alfaro, socio Líder de la Industria Energética y Recursos Naturales, de KPMG en México.

El estudio anota que, algunas de las complejidades más relevantes a las que pueden enfrentarse los inversionistas, será con el impacto en la información financiera y flujos de efectivo, dependiendo del tipo de contrato que establezca el gobierno federal para cada proyecto.

Así como, el impacto por el nuevo régimen fiscal; el cumplimiento de requisitos contractuales y obligación de reportar información operativa y financiera; el acatamiento de leyes y regulaciones, incluidas las correspondientes a la sustentabilidad y la ecología; el reto de lograr una eficiente y oportuna administración y conclusión de proyectos de inversión.

Por otra parte, KPMG indica en el estudio que los inversionistas deberán buscar un régimen laboral óptimo para las empresas; y el establecimiento de sistemas de información requeridos para la generación de información operativa y financiera, con las que será evaluado el cumplimiento de los contratos entre el gobierno Federal y las empresas.

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