Histórico, el próximo Periodo Ordinario de Sesiones
Por Julio Cedeño*
El primer día de febrero marca el inicio de un nuevo Periodo Ordinario de Sesiones en el Congreso Federal, mismo que se espera sea histórico para el país. Si bien el Periodo pasado implicó, a través de diversas reformas constitucionales, la cimentación de un nuevo modelo de desarrollo, serán los siguientes tres meses los que terminen por definir el verdadero alcance que tendrán las mencionadas reformas y por lo tanto, si este nuevo modelo que se pretende implementar realmente logrará los objetivos planteados.
Son muchas y de diversos temas las leyes secundarias que deben aprobarse, sin embargo, tres temas resaltan por su trascendencia e implicaciones para los sectores económicos: Telecomunicaciones y Competencia,Energéticas y Consulta Popular.
Comencemos por las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones, probablemente estas serán las primeras en presentarse y desahogarse, cabe recordar que el plazo constitucional para su aprobación venció el pasado 9 de diciembre. Se sabe que serán divididas en dos, por un lado irá la iniciativa que tiene que ver estrictamente con el tema de telecomunicaciones, y por otro se presentará lo relativo a Competencia Económica, no se descarta que el Presidente decida utilizar la facultad que le permite presentarlas como Iniciativas Preferentes, lo que implicaría que en un plazo máximo de 60 días contaríamos con un andamiaje totalmente nuevo para el sector de telecomunicaciones, así como nuevas reglas para tratar de afianzar la reforma que comenzara hace unos años en materia de competencia a nivel nacional.
En un país lleno de monopolios, oligopolios, y demás tipos de concentración de mercado que puedan imaginarse, la importancia de estas iniciativas resulta en exceso relevante.
A la brevedad deberá presentarse el paquete de leyes secundarias a la reforma energética, cuyo plazo fatal vence el 19 de abril, hasta el momento se habla de modificaciones a casi una veintena de leyes y la creación de una decena más. Si consideramos que la actual administración ha decidido basar un porcentaje importante de su éxito en el tema energético, que el mismo es el que mayor interés mediático despierta y que los tiempos se entrelazan con la elección de nuevas dirigencias en el PAN y el PRD, debemos esperar mucho ruido alrededor de estas iniciativas.
Desde la reglamentación de los distintos tipos de contrato, hasta la operación de los diferentes órganos reguladores, la complejidad técnica de este asunto sobrepasará a una mayoría de legisladores que, como suele suceder en incontables ocasiones, se limitarán a levantar la mano a la hora de la votación de acuerdo al sentido impuesto desde las cúpulas de los Grupos Parlamentarios. Por ello resulta aún más importante que las iniciativas enviadas por el Ejecutivo contengan la mayor precisión técnica posible. Recordemos que el Gobierno federal decidió empatar el futuro del país al éxito de esta reforma, por lo tanto, más les vale no enviar la iniciativa más posible ni la más deseable, sino la que mejor se adecúe a los intereses nacionales.
Enlazado al tema energético se encuentra la Ley Federal de Consulta Popular, misma que deberá ser votada en las primeras sesiones del Senado. El PRD ha repetido hasta el cansancio que buscará revertir la reforma energética a través de una consulta popular, incluso se ha dado a la tarea de recabar las firmas necesarias para realizar la solicitud.
Diversas opiniones señalan que el PRD o no entendió, o se hace el que no entendió. Tres razones para afirmar lo anterior: en primer lugar la consulta popular no aplicará para cuestiones relacionadas con los ingresos del Estado, en segundo lugar este mecanismo será aplicable para leyes aprobadas por el Congreso federal, la energética, al ser una reforma constitucional, fue aprobada por el Constituyente Permanente, es decir, se incluyen los Congresos Estatales.
Estos dos puntos pueden ser debatibles ya que dejan mucho lugar a la interpretación, sin embargo existe un tercer punto, mucho menos sofisticado pero no por ello menos importante. La iniciativa de Ley de Consulta Popular señala claramente que las firmas deberán ser recabadas en un formato específico, aprobado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados previa consulta al IFE y una vez que la SCJN haya declarado la constitucionalidad de la consulta. Por lo tanto, de nada sirve el esfuerzo que ha hecho el PRD hasta el momento para recolectar los casi dos millones de firmas que dicen tener ya que estas, conforme a la Ley, no sirven absolutamente para nada.
Por ello vale la pena insistir en la pregunta, ¿El PRD no entendió, o se hace el que no entendió? Como diría Maurice Blanchot, “la réponseest le malheur de la question”.
Así las cosas, lo que se haga o deje de hacer por parte del Legislativo durante los siguientes tres meses, marcará en buena medida el futuro del país.
Twitter: @J_Cedeno
Julio Cedeño es especialista en análisis legislativo y diseño de estrategias para el cabildeo de temas referentes a siderurgia, energía y aeronáutica.
