Carbon Tax en México, ¿de verdad creen que aumentará la productividad?

Por Julio Cedeño*

La iniciativa de reforma hacendaria propuesta por el Presidente Peña Nieto incluye el cobro de un impuesto a los combustibles fósiles, mejor conocido como carbon tax. De acuerdo a la explicación que ofrece la SHCP este gravamen conlleva una serie de objetivos que de cumplirse generarán mayor productividad (consultar página LIV de la iniciativa que reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), ante esto resulta indispensable analizar las consecuencias de una medida de este tipo sobre la industria nacional, máxime cuando en estos momentos la prioridad para el país es lograr tasas de crecimiento sostenido.

La iniciativa expone que el objetivo del mencionado impuesto consiste en ayudar a limpiar el aire de nuestras ciudades, reducir las enfermedades respiratorias y los gastos en salud pública. Asimismo, el Gobierno federal hace referencia a las diferencias entre un impuesto al carbono y un impuesto a los energéticos, señalando que el primero representa la forma menos costosa de desincentivar las emisiones y de paso lograría aumentar la recaudación, ante esta afirmación surge inmediatamente una duda, ¿un impuesto de este tipo realmente busca reducir los índices de contaminación o tiene un propósito meramente recaudatorio? Además, ¿será realmente tan eficiente como lo describen, es decir, los beneficios son tan superiores a los costos que implica?

Un estudio publicado en mayo de este año por la Congressional Budget Office (CBO) del Congreso estadounidense señala que, dado el alto porcentaje de participación que los combustibles fósiles tienen en el total de la energía utilizada, cualquier impuesto de este tipo implica necesariamente un costo a la economía.

El mismo estudio indica que un aspecto positivo de este impuesto radica en que los productores tendrán un incentivo para producir bienes y servicios de nuevas formas que logren la reducción de emisiones, señalando específicamente la generación de electricidad mediante gas natural o energía eólica. El problema radica en que el acceso al gas natural representa un verdadero predicamento para los industriales nacionales, quienes deben pagar un sobrecosto considerable por dicho energético dadas las lamentables condiciones del Sistema Nacional de Ductos, y en ocasiones incluso han debido detener la producción a causa de las alertas críticas. En el caso de la energía eólica, esta representa apenas 2% de la capacidad instalada para la generación de electricidad en México, por lo que de aprobarse este impuesto en los términos propuestos, dicha fuente de energía no representa una opción inmediata.

Otro aspecto que menciona el estudio de la CBO tiene que ver con la reducción de la inversión a causa del carbon tax, en este punto se deben destacar dos elementos. El primero se refiere al inminente aumento en los costos de producción, lo que a su vez reducirá los márgenes de ganancia de los empresarios y ello se traduce automáticamente en menores recursos disponibles para inversión. El segundo elemento a considerar implica el cambio de tecnología, ya que buscando reducir emisiones muchas empresas tendrán que renovar sus equipos antes de lo previsto para adaptarse a una nueva realidad, con los consecuentes efectos que provoca un desembolso no previsto de tal magnitud.

Argumentos de SEMARNAT

Sin lugar a dudas, la SEMARNAT es uno de los actores principales en esta historia y evidentemente se le ha encargado la defensa del carbon tax (que este asunto lo llevara otra Secretaría, por decir la SHCP, enviaría otro tipo de mensaje). Una presentación ofrecida por el Secretario de Medio Ambiente explica que en los últimos 30 años los principales socios y competidores de México han disminuido su huella de carbono a la par que han aumentado su crecimiento económico, mientras que la región de Latinoamérica mantiene su actividad económica anclada a la emisión de gases de efecto invernadero. Lo anterior quizás sea cierto, lo que no menciona el Secretario es que quienes han logrado reducir emisiones lo hicieron, en gran medida, gracias al uso de otro tipo de combustibles, especialmente el gas natural, mismo que como mencionamos anteriormente, los industriales mexicanos no pueden utilizar a sus anchas debido a la precaria situación que vive el país para la explotación y transporte del mismo.

Otro de los argumentos que utiliza la SEMARNAT para defender la imposición de un carbon tax es que México se ha comprometido a reducir en 30% las emisiones para el año 2020 y en 50% para el año 2050. Si bien se trata de metas aspiracionales, por alguna razón el único país que ha plasmado este compromiso en una Ley ha sido México, quizás porque el resto del mundo entiende que resulta sumamente complicado mantener la competitividad de sus industrias con reducciones tan drásticas. De cierta forma, lo que se está haciendo es atentar contra la competitividad de los productores nacionales, quienes deben enfrentarse a competidores que cuentan con márgenes de maniobra mucho mayores.

Como se va haciendo costumbre con las reformas propuestas por el Ejecutivo, las mismas generan una serie de preguntas que de momento resulta imposible responder. En el caso del carbon tax me surgen las siguientes:

¿No resultaría más adecuado promover el uso de energías renovables, mismas que en la actualidad representan únicamente el 3% de la energía producida en el país?

¿No resultaría más adecuado establecer una línea base de consumo a partir de la cual se comience a cobrar el impuesto?

¿No resultaría más adecuado establecer un periodo de adaptación que permita a los industriales ajustarse al nuevo escenario que les plantean?

¿No resultaría más adecuado etiquetar los recursos que se obtengan por la aplicación del carbon tax (estimados por la SHCP en más de 20 mmdp para el 2014)  a fin de asegurar una verdadera reducción de emisiones?

Si el objetivo es reducir las emisiones, lo que se logra mediante la utilización de otras fuentes de energía, quizás sería mucho más adecuado proponer estímulos para que los industriales recurran a estas. El hecho de que en lugar de estímulos se proponga un castigo, provoca pensar que el verdadero objeto de este impuesto es meramente recaudatorio.

Una vez más, como fue costumbre durante los gobiernos panistas (y que con la actual administración daba la impresión de haber llegado a su fin), pareciera que la principal barrera para el desarrollo industrial del país está en las políticas promovidas por el propio gobierno. Estamos a tiempo de rectificar, los legisladores tienen en sus manos el impedir otro golpe a la industria nacional.

Twitter: @J_Cedeno

Julio Cedeño es especialista en análisis legislativo y diseño de estrategias para el cabildeo de temas referentes a siderurgia, energía y aeronáutica.