La Unión Europea avanza en la discusión de la Ley de Aceleración Industrial (Industrial Accelerator Act, IAA), una propuesta que contempla requisitos de contenido europeo para que los vehículos eléctricos puedan acceder a determinados subsidios, incentivos y procesos de contratación pública.
La propuesta de la Comisión Europea busca fortalecer la producción industrial dentro del bloque y aumentar la demanda de tecnologías y productos fabricados en Europa. El sector automotriz se encuentra entre las actividades estratégicas contempladas por la iniciativa.
En materia de vehículos eléctricos, el proyecto establece que las unidades destinadas a determinados procesos de contratación pública deberán ser ensambladas dentro de la Unión Europea y contar con al menos 70% del valor de sus componentes, excluyendo la batería, con origen europeo. También contempla requisitos específicos para componentes de baterías, sistemas de propulsión eléctrica y sistemas electrónicos.
La propuesta todavía se encuentra en proceso legislativo y sus disposiciones pueden modificarse durante las negociaciones. La discusión también incluye la definición de qué países externos podrían ser considerados dentro de los criterios de origen europeo, un punto que ha generado diferencias entre los Estados miembros.
El debate ocurre mientras fabricantes automotrices internacionales buscan ampliar su presencia en el mercado europeo. Entre las empresas potencialmente afectadas por los criterios de origen se encuentran Toyota, Honda y Nissan, así como fabricantes chinos de vehículos eléctricos como Nio, BYD y XPeng.
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de la Unión Europea para impulsar la capacidad manufacturera, atraer inversiones y reducir vulnerabilidades en sectores considerados estratégicos. La Comisión Europea también contempla medidas relacionadas con acero, aluminio, baterías, tecnologías de cero emisiones y materias primas críticas.
La propuesta establece además mecanismos para someter determinadas inversiones extranjeras superiores a 100 millones de euros en sectores estratégicos, incluidos vehículos eléctricos y baterías, a condiciones específicas de participación y generación de valor dentro de la UE.
El calendario legislativo contempla nuevas etapas de discusión y modificaciones antes de que la normativa pueda entrar en vigor, por lo que los porcentajes y criterios definitivos todavía podrían cambiar.
