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Usan seguridad pública para proteger minas privadas en Perú: ONG

4 Mar 2020.- En el marco de las jornadas de la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá sobre minería, a las que asistieron los secretarios peruanos de Economía, Energía y Minas, organizaciones civiles publicaron un informe sobre la protección pública de las minas en favor de los empresarios.

El texto llamado “Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú”, denuncian la violación de los derechos de los grupos indígenas en el país, cometidos por los miembros de la policía durante las tareas de protección de minas a manos de privados.

La investigación asegura que la Policía Nacional ha cambiado las normas respecto a las medidas de protección medioambientales, además de condonar recursos a las mineras por la vía tributaria desde 1995 hasta el año 2018.

Esta investigación señala que la relación entre las empresas privadas, en este caso las mineras, con la policía nacional ha propiciado un aumento a las violaciones a los derechos humanos, sobre todo contra las comunidades indígenas que viven en zonas cercanas a las minas.

Este esfuerzo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Defensa Legal y EarthRights International señala al Estado peruano como corresponsable de los abusos a los derechos humanos y la expansión de las actividades extractivas que dañan al medioambiente.

La investigación viene acompañada de una lista de estos convenios, las irregularidades que presentan y la situación laboral propia de quienes protegen las instalaciones mineras.

La defensa de los espacios por parte de policías ha generado enfrentamientos contra los grupos que protestan por el crecimiento de las tierras explotadas, lo que pone como prioridad a las empresas antes que la defensa de la seguridad ciudadana.

Como recomendación al Estado peruano señalan la importancia de terminar estos convenios con las empresas extractivistas para procurar un mejor desarrollo de los derechos y las libertades, así como la creación de políticas públicas que prevengan el acoso y la violación de los derechos de los activistas y defensores.

Notimex

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