Se trata del proyecto de decreto de la Ley General de Educación y que abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa; del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo tercero de la Constitución, y el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
Al presentar los tres dictámenes en un solo acto, Rubén Rocha Moya, presidente de la Comisión de Educación, aseguró que esas reformas plantean el perfil humanista y tecnológico de la educación y la Nueva Escuela Mexicana como modelo pedagógico y fundamento en la filosofía incluyente y de vanguardia.
El senador por Morena detalló que con la expedición de la Ley Reglamentaria del Artículo tercero constitucional se busca dar sustento al desempeño de las actividades docentes para que la mejora sea concreta y continua.
Argumentó que con la desaparición del Instituto Federal de Infraestructura Física Educativa (Inifed) se eliminará la corrupción, pues se terminará con cuantiosos desvíos de recursos y actos de ese tipo comprobados, y con ello el Estado será el único encargado del progreso y la construcción de escuelas.
Por su parte Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, refirió que las minutas que envió la Cámara de Diputados establecen el marco legal secundario para el sector educativo, donde se determina la educación básica desde el nivel inicial.
La senadora sostuvo que la mejora continua de la educación será el eje rector para dar una formación de calidad a la población y fortalecer las habilidades del personal docente y de la currícula escolar.
Respecto a los posicionamientos Movimiento Ciudadano (MC) anunció su voto en favor de esas reformas, aunque presentará reservas que hará valer en el Pleno.
Además de Morena se pronunciaron en favor el PVEM, el PES y PT, quienes respaldan que se haya quitado el sentido punitivo a la reforma y promovido a la escuela pública, gratuita y laica bajo un principio de universalidad y de inclusión multicultural.
Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano, explicó que su bancada apoyó la reforma constitucional votada en mayo pasado porque está convencida de que el Estado debe mantener la rectoría de la educación.
En tanto el PAN, en voz de la senadora Minerva Hernández, expuso que no hay manera de construir una sociedad más ordenada y generosa sin entender que la educación debe ser integral y formativa en valores como la paz, la libertad, la igualdad y la democracia.
Bajo esa premisa adelantó que su grupo legislativo votaría contra los dictámenes correspondientes a las leyes secundarias en materia educativa.
Acusó que tratándose de la educación en México «es insostenible creer que todo lo hecho por gobiernos anteriores fue negativo y que se requieran reformas hasta ‘que no quede ni una sola coma’”.
Por parte el perredista Juan Manuel Fócil Pérez anunció que los tres senadores de la fracción votarían en abstención, y en la discusión en lo particular presentarían reservas que esperan sean tomadas en cuenta.
En su oportunidad el legislador priista Ángel García Yáñez se dijo convencido de que esa propuesta legislativa afecta severamente la calidad de la educación y deja en la incertidumbre la estabilidad laboral de los maestros.
Por ese motivo invitó a Morena a no aprobar las reformas en referencia pues, desde su perspectiva, sólo benefician al sindicato y responden a la presión que ejercen grupos radicales.
Por Morena hubo dos oradores para posicionar: Antares Guadalupe Vázquez Alatorre y Aníbal Ostoa Ortega.
Vázquez Alatorre externó que con esas leyes mejorará el sistema de valores en el ramo mientras Ostoa sostuvo que la propuesta no otorga concesión alguna a los sindicatos, y se brinda cierta preferencia a los egresados de las normales públicas en virtud de la tradición de contribuir en la formación de los educandos.
Al concluir la presentación de posicionamientos sobre los tres dictámenes se continuó con la discusión en favor y en contra del primer dictamen del proyecto de decreto que expide la Ley General de Educación y abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.
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