23 de mayo de 2022.- El pasado 18 de abril, el Presidente de México, Andrés Manuel López-Obrador (AMLO), envió un proyecto de ley al congreso del país para modificar la Ley de Minería para restringir la inversión privada en la industria del litio y garantizar que el gobierno mexicano tenga el control exclusivo en el sector.
En un proceso acelerado, el Congreso aprobó el proyecto de ley sin modificaciones ni audiencias públicas, y el 21 de abril entraron en vigor las enmiendas.
Esta no fue la primera vez que AMLO busca controlar la industria del litio.
En septiembre de 2021, el Presidente envió un proyecto de ley para reformar la Constitución de México y modificar las industrias de electricidad y litio.
El proyecto de ley fue votado el 17 de abril, pero no fue aprobado (se requieren dos tercios de los votos para enmendar la Constitución y el partido político de AMLO no logró obtener suficientes votos).
Sin embargo, AMLO envió un nuevo proyecto de ley más limitado para modificar solo la Ley de Minería y finalmente cerrar el sector del litio a la inversión privada.
En general, las reformas a la Ley de Minería disponen que:
La exploración, explotación y aprovechamiento del litio serán actividades reservadas al Estado Mexicano, por los que no se otorgarán concesiones para explorar y explotar litio;
Se creará una entidad pública para llevar a cabo esas actividades en nombre del Estado Mexicano.
Las restricciones al sector del litio plantean dudas sobre la coherencia del proyecto de ley con los compromisos internacionales de México. Además, crea incertidumbre sobre las concesiones ya otorgadas a inversiones privadas para explorar y explotar litio.
El Establecimiento de Inversión Extranjera en el Sector Litio de México está Permitido Bajo Acuerdos Comerciales Internacionales
México es parte de múltiples tratados comerciales internacionales que, entre otras cosas, otorgan acceso al establecimiento de inversiones extranjeras en el país.
En consecuencia, los inversionistas extranjeros pueden invertir en México en todos los sectores sujetos a las limitaciones y reservas expresamente incluidas en los tratados comerciales internacionales, tales como el Acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México (USCMA) y el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico ( CPTPP).
Este enfoque consolida el régimen jurídico de México para la inversión extranjera, brindando seguridad jurídica.
Desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México ha reservado ciertas actividades donde la inversión privada no está permitida.
Por ejemplo, bajo la USCMA, los servicios de telégrafo, radiotelegrafía y postales están expresamente reservados para el Estado mexicano y, por lo tanto, la inversión privada está restringida (USMCA, Anexo II-México-9 ).
Sin embargo, México no ha incluido reservas para inversiones en el sector del litio en ningún acuerdo comercial internacional negociado, incluidos el USMCA y el CPTPP.
Así, los inversionistas estadounidenses y canadienses, por ejemplo, tienen derecho a un trato no discriminatorio respecto del establecimiento, adquisición y expansión, entre otros, de inversiones en México.
El trato no discriminatorio de los inversores estadounidenses y canadienses y sus inversiones es una obligación esencial prevista en el T-MEC.
Lo mismo puede decirse de otros tratados de los que México es parte contratante (por ejemplo, CPTPP).
Bajo las recientes reformas a la Ley de Minería, el Gobierno de México no otorgará más concesiones de litio. Sin embargo, cabe señalar que otras empresas ya han obtenido concesiones y que se creará una entidad pública mexicana para llevar a cabo esas actividades.
Estos son elementos relevantes que podrían sustentar un reclamo por trato discriminatorio para las empresas que intentan invertir en el sector del litio.
Compañías de litio ya presentes en México podrían estar protegidas por acuerdos internacionales
Se ha informado que se habían otorgado ocho concesiones mineras de litio antes de las reformas a la Ley de Minería. A pesar de las declaraciones oficiales sobre la nacionalización del litio, las reformas a la Ley de Minería no parecen interferir expresamente con las concesiones de litio previamente otorgadas.
Sin embargo, esto sigue sin estar claro y genera incertidumbre.
Primero, AMLO se ha referido regularmente a las reformas a la Ley de Minería como una “nacionalización del litio”, alegando que el gobierno finalmente retomará el control del sector. Gobernadores y políticos de todo el país también han elogiado la llamada “nacionalización del litio”.
En segundo lugar, la reforma constitucional al sector energético de 2021 incluyó una disposición sobre las concesiones de litio previamente otorgadas.
Afirmó que las concesiones se honrarían si el Ministerio de Economía obtiene evidencia satisfactoria de que las empresas han iniciado actividades de exploración. Sin embargo, las últimas reformas a la Ley de Minería no incluyen esta disposición.
Esta omisión podría sugerir que se respetarán las concesiones anteriores, pero AMLO ha expresado que las concesiones anteriores estarán sujetas a revisión.
Las medidas legales que impugnan las medidas gubernamentales que afectan las inversiones están disponibles bajo la ley mexicana.
Los inversores también pueden considerar los desafíos a las acciones gubernamentales ilegales en virtud de los acuerdos comerciales internacionales, como el USMCA y el CPTPP.
Reportacero
