16 de octubre de 2024.- Los productores de acero están a la expectativa de que el Gobierno del Presidente de Colombia, Gustavo Petro, suba los aranceles al acero importado de Rusia, Turquía y China que complemente los impuestos al acero peruano.
Con las medidas, el Gobierno de Petro protege a los industriales y presiona al sector vivienda, un histórico jalonador del empleo y la economía, a cambio de un plan difuso para impulsar sectores como el automotriz.
Luego de decretar las condiciones de los primeros aranceles, el 3 de octubre, el presidente les propuso a las empresas siderúrgicas crear una gran planta para producir aceros planos, utilizados en la fabricación de carros, una iniciativa que se alinea con una promesa vieja de Petro, pero que no respaldaron los empresarios por sus altos costos y porque se especializan en acero para construir vivienda.
Mientras tanto, el gobierno debe lidiar con los costos de proteger esta industria, como la presión al alza de los materiales de la construcción para la vivienda.
El Ministerio de Comercio no respondió a las preguntas de La Silla Vacía.
Gremios, empresas con conexiones políticas y rivales regionales
La producción de acero suele ser un indicador de la fuerza industrial de un país porque es un insumo básico para industrias como la automotriz, la de armas, o la de electrodomésticos. Los cinco principales exportadores —China, Alemania, Suecia, Japón, e Italia– son economías desarrolladas con altos niveles de ingresos por persona (la excepción es China debido al tamaño de su población).
Colombia es un jugador menor en la industria del acero. Incluso dentro de Sudamérica. En 2022, sus exportaciones de acero representaron el 0.51% del total de la región, según el Observatorio de Complejidad Económica, un portal de datos abiertos sobre comercio exterior. En 2023, produjo 1.4 millones de toneladas de aceros largos, una reducción del 3% frente al año anterior, según la Cámara del Acero de la Andi.
Como la industria colombiana utiliza en promedio 2.1 millones de toneladas, las empresas importan el resto. Por ejemplo, el sector de vivienda y construcción, los principales clientes del acero nacional, compran afuera alrededor del 40% de este insumo, según Camacol, el gremio de los constructores.
Desde el 2023, los productores de acero colombiano le vienen pidiendo al gobierno una protección frente a sus competidores en Perú, Turquía, Rusia y China. La presión la han ejercido a través de la Cámara de Acero de la Andi las cinco siderúrgicas que existen en el país: Ternium, Grupo Siderúrgica Reyna, Diaco, Siderúrgica de Occidente (fundada por el exalcalde de Cali, Maurice Armitage), y Paz del Río, la productora de acero más grande del país, con sede en Boyacá. Juntas suman cerca de 8,000 empleos directos.
Con cerca de 3,000 empleados, Paz del Río es una de las grandes generadoras de empleo formal en Boyacá. La compañía tiene fuertes conexiones con la política local. El actual gobernador del departamento, Carlos Amaya, fue asesor externo de la empresa entre septiembre del 2022 y mayo del 2023. En agosto, durante un foro de la industria del acero, Amaya le pidió al gobierno imponer aranceles a las importaciones de Rusia y China.
Si bien dentro del gobierno y los acereros dicen que Amaya no participó de las negociaciones, su voz no es la de cualquier gobernador. Se trata de uno de los grandes aliados del gobierno Petro en el Congreso. Es jefe político del actual presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, y su minibancada de seis congresistas cercanos vota con el gobierno. En contraprestación, Boyacá ha sido uno de los grandes beneficiados en los proyectos de inversión.
El acuerdo para aumentar los aranceles se cerró en dos reuniones en septiembre bajo el liderazgo de Luis Carlos Reyes, ministro de Comercio. Una con el presidente, la Andi y los representantes de las empresas, el 9 de septiembre. Y otra posterior, más técnica y sin Petro, que definió los detalles.
“El presidente es consciente de que el primer afectado es Paz del Río. En Boyacá están las tres grandes fábricas del país”, le dijo a La Silla el exalcalde Armitage, quien estuvo en la reunión. “Petro no habla mucho, pero le noté un gran compromiso por respaldar a la industria”.
El primer decreto con las medidas de protección, el 1227 del 2024, establece un arancel del 15% a las importaciones de acero que superen 29,529 toneladas provenientes de Ecuador, Bolivia y Perú, el verdadero objetivo de la medida. Desde el 2022, Aceros Arequipa, la empresa líder de producción de acero en Perú, entró con fuerza al mercado colombiano. Según la Andi, el acero peruano se convirtió en el segundo más importado para este insumo en Colombia.
La justificación para imponer el arancel es que los peruanos, según el gobierno y los acereros, están vendiendo el producto en Colombia por debajo del precio al que lo venden en Perú, una práctica que se conoce como “dumping” en el comercio internacional. La Organización Mundial del Comercio (OMC), como los tratados multilaterales firmados por los Estados, establecen medidas para mitigar los efectos de esta práctica, como la imposición de aranceles.
“Es una medida conveniente. Sería miope no ver el problema. Para el caso del acero siempre hemos visto prácticas en el mundo que pueden afectar el sector productivo”, dice el exministro de Comercio y Hacienda, José Manuel Restrepo, que apoyó aranceles similares al acero bajo el gobierno Duque.
El gobierno le mete presión al golpeado sector vivienda
El acero es, después del cemento y el concreto, el insumo que más pesa en el costo de los materiales de un proyecto de construcción. En 2024, los precios de todos los insumos para construir han aumentado a lo largo del año un 4%, según el más reciente Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones, publicado por el Dane. Este mayor costo luego se traslada al precio de las viviendas.
La baja del precio del acero (-2.4%) entre enero y agosto fue definitiva para que los materiales no subieran tanto, según el Dane. Los aranceles impuestos por el gobierno a las importaciones pueden detener esa tendencia a la baja.
“Existe una tensión inherente en la medida. Los menores precios de un insumo como el acero favorecen al sector de la construcción y generan bienestar en los consumidores, pero para los productores, el tsunami de oferta compromete su forma de competir y reaccionar a este exceso de importaciones”, dice José Ignacio López, presidente de Anif, el centro de pensamiento económico vinculada a la banca.
Juan Francisco Yáñez, director de proyectos de la constructora Yadel, con sede en Cúcuta, explica que un aumento en el precio del acero afecta más a las Viviendas de Interés Social, VIS. Esto significa que el aumento de los aranceles presiona al alza el precio de las viviendas que compran personas de menos ingresos, y en las que también existen más subsidios del gobierno para adquirirlas.
La razón es que como son proyectos más simples, el peso del acero es mayor en su estructura de costos frente a los proyectos No VIS, que tienen mejores acabados, como pisos y enchapes.
“Los aranceles pueden presionar los costos porque la competencia del acero nacional es el importado. Si sube el precio del acero importado, los productores nacionales también pueden aumentar su precio”, explica Yáñez, quien le compra acero a una de las cinco siderúrgicas colombianas.
La presión al alza del precio del acero llega cuando el sector de la construcción presenta leves señales de recuperación.
En agosto, según Camacol, las ventas de vivienda aumentaron 5,7% frente al mismo mes del 2023, el primer aumento registrado en ventas a lo largo del año. Sin embargo, el gremio proyecta que para el año completo las ventas van a caer -7% frente al 2022. El más reciente informe de Corficolombiana, la banca de inversión del Grupo Aval, registró un caída del 15,6% de las ventas en septiembre.
La depresión del sector vivienda es una mala señal para la economía. La construcción registra cerca de 1.300.000 empleos, según el Ministerio de Vivienda.
Por sus conexiones con otras industrias y con la banca es un gran dinamizador de la economía. Pero la falta de reglas de juego claras para la entrega de subsidios, modificados por este gobierno, las altas tasas de interés del Banco de la República, y un clima de negocios adverso siguen estancando al sector.
El camino incierto para la industria automotriz de Petro
A cambio de la protección del acero, Petro les propuso a las siderúrgicas la creación de una planta que produzca aceros planos, utilizados en la industria automotriz.
El presidente sueña con un potente sector de ensamblaje de carros en Colombia. En su política de reindustrialización, publicada en diciembre del 2023, el gobierno se puso como objetivo crear una hoja de ruta para la fabricación de vehículos eléctricos, una idea que también promocionó en una visita a Nicolás Maduro en Venezuela.
Sin embargo, Colombia es un país que no es atractivo para las grandes ensambladores porque tiene un mercado local pequeño, poco conectado con las cadenas productivas que requiere la industria y lejos de las cifras de producción de países de la región, como México, Brasil y Argentina.
“No suena rentable para los fabricantes locales montar y sustentar una línea de carros eléctricos teniendo en cuenta que ya en los países vecinos los fabrican, y lo hacen después de que las marcas estudiaron todas las viabilidades posibles en las cuales no está Colombia”, ha dicho José Clopatofsky, director de la Revista Motor.
La industria automotriz, además, está sumergida en una grave crisis. La fabricación de vehículos fue el subsector manufacturero en el que más cayó la producción (-50%) en julio del 2024 frente al mismo mes del 2023, según el Dane. La fabricación de autopartes para carros también estuvo entre las más deprimidas (-26%).
La propuesta de Petro de proteger la industria del acero en función de la fabricación de carros no ha sido bien recibida por los acereros nacionales, que no se especializan en ese tipo de aceros.
“Un primer análisis advierte que la disponibilidad de energía es uno de estos desafíos junto con el acceso a materias primas como la chatarra o el mineral de hierro suficiente”, dice la Cámara del Acero de la Andi sobre la iniciativa de fabricar aceros planos que, dice, está evaluando.
La gerente general de Sidoc -fundada por Armitage-, Marcela Mejía, descartó de plano la propuesta en una entrevista para la Revista Cambio porque su inversión es muy alta.
Los lecheros, los textileros y hasta los fabricantes de carros le han pedido protecciones comerciales al gobierno Petro. Por ahora, los industriales están encontrando en el presidente una buena sintonía. Los escucha y está dispuesto a darles privilegios sin demasiadas exigencias a cambio de mejoras en la productividad, o planes más concretos para mejorar las cifras de empleo, y con el riesgo cierto de afectar el bolsillo de los consumidores.
Reportacero
