El sector edificador en Colombia atraviesa un momento crítico. La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), junto a diversos empresarios y analistas, ha encendido las alarmas tras el anuncio del Gobierno Nacional de imponer nuevos aranceles a la importación de acero, hierro y productos cerámicos. Según el gremio, esta medida impositiva representa una amenaza directa a la viabilidad de nuevos proyectos y al bolsillo de los hogares colombianos.
El peso del acero en el costo final
La preocupación no es menor, considerando que el hierro y el acero son insumos fundamentales que representan aproximadamente el 16,3% de los costos directos de una obra. Con la implementación de estos aranceles, se estima que:
Insumos: Enfrentarán incrementos de hasta el 35%.
Costos de construcción: Se elevarían en un 3,9% de forma global.
Precio de venta: La vivienda final podría encarecerse cerca de un 2,2%.
Esta presión inflacionaria llega en un contexto donde Camacol cuestiona la coherencia de las políticas estatales. “¿Cómo espera el Gobierno que bajen los precios de la vivienda si al mismo tiempo encarece su producción?”, cuestionó Guillermo Herrera, presidente de la agremiación.
Un sector en retroceso
La crisis de la construcción no es nueva, pero las nuevas medidas podrían profundizar el bache. Herrera señaló que el sector ya acumula 33 meses consecutivos de caída en las iniciaciones de vivienda, situando la actividad en niveles de producción similares a los registrados en el año 2012.
«Hemos llegado a niveles de actividad que afectan gravemente la inversión y el empleo en el país», afirmó el dirigente gremial.
Tensión por la Vivienda de Interés Social (VIS)
El debate sube de tono ante el proyecto de decreto que busca reducir los topes de precio de la Vivienda de Interés Social (VIS). Camacol ha pedido al Ejecutivo que no plantee «evasivas» y que reconozca que es imposible bajar los precios de venta si los costos de los materiales básicos siguen subiendo por decisiones regulatorias.
De mantenerse esta tendencia, expertos advierten que el acceso de las familias de menores ingresos a una vivienda propia se verá drásticamente limitado, postergando aún más la reactivación de un sector clave para el Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
