1 Dic 2020.- Los planes coordinados entre el Gobierno y la iniciativa privada para el desarrollo de infraestructura no sólo deben beneficiar a un número limitado de empresas, sino que tienen que generar políticas públicas para impactar en un mayor número de constructoras, consideró la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
Eduardo Ramírez Leal, presidente nacional de la CMIC, señaló que planes como el de 29 proyectos de infraestructura, presentado este día, en varios casos ya tienen un promotor a cargo, al tratarse de desdoblamientos o concesiones ya en desarrollo, por lo que es necesario que se generen esquemas que permitan incluir compañías regionales.
Por ello, opinó en entrevista, se requiere que desde las políticas públicas se establezca que en los contratos de asignación de obras y en las licitaciones se incluyan cláusulas para que las empresas ganadoras echen mano de constructoras regionales como asociadas y no sólo subcontratadas.
«No hay una política pública hoy en día de inclusión. Son pocas las empresas beneficiadas. Sí van a generar empleos, pero también es importante el desarrollo de la construcción y eso va implícito en una política de inclusión que hoy no tenemos», reprochó Ramírez Leal.
En el segundo plan de obras de infraestructura, de 29 proyectos, sólo en 15 casos las obras siguen con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o algún gobierno estatal u organismo municipal como promotor; es decir, aún no están licitados, ya que el resto tiene una empresa a cargo de las obras anunciadas.
El representante de cerca de 12 mil empresas consideró que para que dé los resultados esperados el plan presentado este día, que sumado al de octubre resulta en 68 obras, con una inversión por 525 mil 976 millones de pesos, es necesario tomar en cuenta que los proyectos no sólo deben beneficiar a las empresas ganadoras de las licitaciones.
«Que no todos los proyectos queden en alrededor de 30 o 40 empresas», mencionó.
Para el titular de la CMIC es necesario que antes de hacer este tipo de anuncios se establezca para las obras el requisito de un componente de empresas regionales, ya que una vez licitados los proyectos o con contratos por desdoblamiento, como pasa en el sector carretero, difícilmente se puede pedir que los privados ganadores deban hacer adecuaciones.
«Nosotros queremos que exista una política de inclusión, pero antes de las licitaciones. Si en las mismas se establece la oportunidad para que participen (empresas pequeñas y regionales), el que gane la licitación va a tener la obligación de llevarlas en asociación», comentó.
La importancia de incluir un componente que obligue a las empresas ganadoras de las licitaciones ayudaría a las empresas a paliar los retos que ha enfrentado la industria, así como la desaparición de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del sector, que además tienen en el Ejército a un competidor activo.
«Hemos sido desplazados en muchos trabajos por la Sedena, que entendemos que el Gobierno quiere invertir de manera inmediata recursos, pero tendría que ser a través de una competencia estricta y abierta, como menciona la Constitución», dijo el titular de la CMIC.
