El sector patronal de Nuevo León manifestó su preocupación por la iniciativa de reformas al Código Fiscal del Estado incluida en el Paquete Fiscal 2026, al advertir que algunas de las medidas propuestas pueden afectar la operación de las empresas, la certidumbre jurídica y el desarrollo económico del Estado.
De acuerdo con un análisis del Centro de Orientación Fiscal (COF) de COPARMEX Nuevo León, el Ejecutivo estatal busca homologar el marco fiscal estatal con el federal y ampliar las facultades de fiscalización del Estado.
“Sin embargo, dichas atribuciones resultan desproporcionadas si se considera que el principal impuesto estatal es el Impuesto Sobre Nómina, y no un esquema de recaudación integral comparable al federal”, alerta el análisis.
Entre las nuevas facultades planteadas se encuentran la verificación directa de información fiscal, la revisión de la autenticidad de los comprobantes fiscales digitales (CFDI) y la suspensión de la emisión de facturas durante visitas de verificación.
Si bien el objetivo declarado es combatir prácticas evasoras, COPARMEX Nuevo León advierte que varias de estas medidas replican instrumentos diseñados para fiscalizar impuestos federales —como el ISR y el IVA— que no guardan una relación directa con los impuestos estatales.
Principales preocupaciones:
- La suspensión de la emisión de facturas sin una verificación exhaustiva puede afectar la liquidez y la operación de empresas cumplidas, con impactos negativos en empleo, proveedores y clientes.
- Negar el registro estatal a empresas por antecedentes de socios o representantes puede inhibir la creación de nuevas unidades económicas; ampliar la base de contribuyentes formales resulta más eficaz para fortalecer la recaudación.
- La inmovilización de cuentas bancarias y la transferencia directa de recursos representan riesgos operativos, especialmente para el pago de nómina, y pueden desalentar la inversión y la contratación.
“Las facultades que se pretenden otorgar al Estado son desproporcionadas frente al alcance real de los impuestos locales. Instrumentos diseñados para fiscalizar ISR o IVA no pueden trasladarse automáticamente al ámbito estatal sin generar riesgos operativos y jurídicos para las empresas”, afirmó Cecilia Carrillo López, directora general de COPARMEX Nuevo León.
Asimismo, señaló que en beneficio del Estado y de su desarrollo económico, la fiscalización debe ser eficaz y proporcional, enfocada en incentivar el cumplimiento voluntario.
“La amplitud de estas facultades, sin controles claros, puede dar lugar a decisiones discrecionales y abrir espacios para malas prácticas que afectan la confianza y la inversión”, advirtió.
La directiva reiteró la disposición del sindicato patronal al diálogo institucional y técnico para construir un marco fiscal que fortalezca la recaudación estatal sin poner en riesgo la actividad productiva, la inversión y el empleo formal en la entidad.
