16 de junio de 2016.- Minera chilena ubicada a pocos kilómetros de Argentina estableció una escombrera de material contaminante en territorio de San Juan, al cual arrojo aproximadamente 55 millones de toneladas de residuos peligrosos entre los años 2007 y 2012. Son más de 52 hectáreas, donde destruyó lagunas y se encamina a contaminar un curso de agua que alimenta el rio San Juan. Exigen intervención del Congreso Nacional.
Todo comenzó en 2004 cuando el gobierno chileno autorizó a la firma Antofagasta Minerals la instalación de la escombrera Cerro Amarillo, al norte del yacimiento Los Pelambres, la séptima mina de cobre más grande del mundo. El basurero se usó desde 2007 hasta el 2012 y allí vertieron desde neumáticos hasta rocas, capaces de provocar drenaje ácido, una forma de contaminación.
La escombrera mide 105 hectáreas cuando la autorización es para 88 y tiene 70 metros de altura. La mitad se encuentra ubicado del lado argentino de la frontera, en terrenos de otra minera, el proyecto El Pachón, ubicado en el departamento sanjuanino de Calingasta, en manos de la minera suiza Glencore.
La escombrera es propiedad de Antofagasta Minerals, controlada por el Grupo Luksic (uno de los más poderosos de Chile) y un consorcio japonés, que se reparten la empresa en un 60% y 40%, respectivamente.
La empresa suiza solicitó informalmente que los colegas chilenos retiren la escombrera, después en 2014 presentaron una demanda civil en donde solicitaron la «mudanza» del botadero y el pago de un resarcimiento. La respuesta fue que el pedido era «oportunista». Ante la falta de avances, Glencore presentó en marzo pasado una denuncia penal contra los últimos tres gerentes generales de la firma: Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerdá Mery y Robert Andrew Mayne-Nicholls por los delitos de usurpación, usurpación de aguas, contrabando y violación de la ley de residuos peligrosos. Los gerentes nunca fueron a indagatoria porque el juez Leopoldo Rago Gallo no progresó con la causa.
En mayo del año pasado se conoció que la escombrera contaminó el suelo argentino, a través de la consultora URS AECOM y por pedido de Glencore. Se concluyó que desaparecieron algunas lagunas que fueron cubiertas con escombros, que otras van camino a extinguirse, que el volumen de agua en la zona cayó, que las vegas se están secando, que la escombrera produjo una alteración en el normal escurrimiento de las aguas hacia abajo, y que si no se hace nada, se va a terminar contaminando el río Carnicería, que alimenta al río San Juan.
Además los investigadores, localizaron 470 neumáticos gigantes del lado argentino, que con el tiempo experimentarán una peligrosa descomposición parcial que liberará tóxicos muy peligrosos. «Casi todo el material depositado tiene un potencial neto de acidez y va a producir aguas ácidas», marcaron en el estudio.
La laguna LC4, ubicada a menos de 200 metros del botadero tiene «un pH de 4.4, lo cual corresponde a aguas ácidas, muy probablemente debido a drenajes provenientes de la escombrera, al igual que la laguna LC5, actualmente semi-cubierta por la escombrera».
Como si fuera poco, también se descubrió «vegas muertas, en una franja paralela a la escombrera, probablemente generada por las aguas ácidas provenientes de la escombrera».
De igual manera el informe detalló que entre 2006 y 2014 las lagunas pasaron de ocupar 18.5 a 13.2 hectáreas, y que las vegas cayeron de 13 hectáreas a 4.3 entre 2006 y 2010.
Por otra parte, se hallaron «errores» e «inconsistencias» en el Estudio de Impacto Ambiental de la escombrera, cuyo mapa extrañamente se presentó sin una traza de la frontera, lo que habría delatado que casi la mitad está ubicada del lado argentino.
Por último, el informe subrayó la falta de actividades de monitoreo en la zona, o, dicho de otra manera, la ausencia absoluta de control, tanto estatal como privado.
En mayo del año pasado, el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado Federal 1 de San Juan, ordenó el aislamiento absoluto de la escombrera hasta tanto se decida si debe ser retirada o no. Pero la minera chilena no acató.
El 17 de junio de 2015, se le envió una carta al ministro de Minería provincial, Felipe Saavedra, exigiéndole que intervenga. Finalmente, el fiscal de Estado Guillermo De Sanctis se presentó en el expediente 40 días después. El mismo funcionario acordó con los abogados de la minera en una audiencia el «aislamiento ambiental y sustentable» de la escombrera. No pidió ningún tipo de indemnización.
EL 28 de abril pasado el gobierno provincial firmó un acuerdo con Los Pelambres: que la escombrera no será removida, sino aislada; todo financiado por Antofagasta Minerals y bajo el control del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), un organismo desprestigiado entre los ambientalistas. Entre las cláusulas se encuentra que Los Pelambres sólo será responsable de la calidad de la obra por 10 años.
De esta manera, la minera chilena se ahorrará 200 millones de dólares y no pagará indemnización. La escombrera seguirá en su sitio. «Es una cuestión federal», menciono el abogado Diego Seguí a Infobae y la problemática debe pasar por el Congreso, algo que claramente no ha sucedido. Y lo más grave es que el artículo 41 de la Carta Magna prohíbe «el ingreso al territorio de residuos actual o potencialmente peligrosos», con lo cual es inconstitucional.
Agencias
