OTTAWA – El Gobierno canadiense ha reaccionado con una mezcla de alivio y prudencia ante la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos. El fallo anula la base legal de gran parte de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump, aunque deja intactos los gravámenes más dolorosos para la economía del país: los del acero, el aluminio y el sector automotriz.
Un triunfo legal parcial
La decisión del alto tribunal estadounidense se centra en los aranceles declarados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Esto incluye:
- Aranceles al fentanilo: Dirigidos originalmente contra Canadá, México y China.
- Aranceles del «Día de la Liberación»: Los gravámenes recíprocos impuestos al resto del mundo el pasado 2 de abril.
Dominic LeBlanc, ministro federal responsable del comercio norteamericano, afirmó en un comunicado que la sentencia «refuerza la posición de Canadá de que los aranceles de la IEEPA impuestos por Estados Unidos son injustificados».
El «talón de Aquiles»: La Sección 232
A pesar del avance judicial, el fallo no afecta el gravamen del 25% aplicado bajo la Sección 232, que justifica los aranceles por motivos de «seguridad nacional». Esta medida sigue golpeando con fuerza a la provincia de Ontario, el motor industrial del país y punto crítico del comercio bilateral.
«Reconocemos que queda por delante una labor crucial para apoyar a las empresas y trabajadores que siguen afectados por los aranceles sobre el acero, el aluminio y la automoción», señaló LeBlanc a través de sus redes sociales.
Radiografía de una relación en transformación
El contexto comercial entre ambos vecinos atraviesa su momento más tenso en décadas. Tras el anuncio del primer ministro Mark Carney en marzo pasado, donde dio por finalizada la «estrecha relación histórica» con Washington, Ottawa ha acelerado su estrategia de supervivencia.
El futuro del T-MEC
La incertidumbre legal coincide con la revisión del T-MEC. Los tres socios (Canadá, EE. UU. y México) deben decidir antes del 1 de julio si renuevan el pacto por 16 años más. De no haber consenso, se activaría una cláusula de extinción a diez años, lo que obligaría a renegociaciones anuales.
Expertos advierten que, pese al revés judicial, es probable que la administración Trump busque nuevas vías legales para reintroducir los aranceles anulados, lo que valida la estrategia de Carney de buscar «socios confiables» en otros continentes y estrechar lazos estratégicos con México en sectores de materiales críticos.
