Cierre de acería ILVA en Italia exhibe crisis de la industria siderúrgica europea
El Tribunal Supremo italiano ordenó el cierre inmediato de los altos hornos de Taranto por riesgos a la salud; más de 10 mil empleos dependen de la planta.
El cierre de la acería ILVA, en Taranto, Italia, representa un nuevo desafío para la industria siderúrgica europea, al enfrentar los riesgos ambientales de su operación con la necesidad de preservar empleos y capacidad productiva.
El Tribunal Supremo de Italia ordenó el pasado 29 de octubre el cierre inmediato de los altos hornos de la planta, tras reconocer los riesgos que representan sus emisiones contaminantes para la salud de la población.
La decisión pone fin a décadas de controversias entre residentes, sindicatos y autoridades por la contaminación generada por la instalación, considerada nominalmente como la mayor acería de Europa.
La planta, construida durante la década de 1960 para impulsar la industrialización del sur italiano, ha sido señalada por sus emisiones de partículas finas, dioxinas, benceno y amianto.
De acuerdo con evaluaciones oficiales de impacto en la salud citadas en el reporte, los habitantes de Taranto presentan una incidencia de mesotelioma pleural, un tipo de cáncer relacionado con la exposición al amianto, cuatro veces superior a la de la población general.
La empresa, actualmente denominada Acciaierie d’Italia, opera bajo medidas de administración extraordinaria impuestas por el Estado desde 2024.
Sin embargo, el cierre de las instalaciones también plantea un problema económico y laboral para la región, debido a que más de 10 mil empleos dependen directamente de la actividad siderúrgica.
A este escenario se suman los elevados costos de atención médica y la remediación de los terrenos contaminados, factores que dificultan la llegada de nuevos inversionistas y la búsqueda de alternativas productivas para la zona.
El caso de Taranto refleja uno de los principales dilemas de la industria siderúrgica europea: avanzar hacia una producción con menores emisiones sin comprometer la capacidad industrial, el empleo y la competitividad del sector.
La controversia también pone en entredicho los planes de reindustrialización y transición verde impulsados en Europa, al evidenciar las dificultades para conciliar las inversiones ambientales con la continuidad de operaciones industriales estratégicas.
