Desestiman demanda contra fabricantes de armas de EUA
8 de agosto de 2024.- Un Juez de EUA desestimó la demanda de México contra fabricantes de armas estadounidenses.
El juez de distrito estadounidense Dennis Saylor en Boston, Massachusetts, desestimó el miércoles una demanda del gobierno mexicano por $10,000 millones de dólares contra seis fabricantes de armas estadounidenses, entre ellos Sturm, Ruger y Glock, calificando su conexión con Massachusetts, donde se presentó el caso, como «tenue en el mejor de los casos».
El argumento no fue tanto que las empresas no supieran que sus armas estaban siendo exportadas ilegalmente a México, sino que Massachusetts, donde se presentó el caso, no tenía relevancia alguna con ningún delito cometido por las empresas acusadas.
La demanda acusó a seis empresas, incluidas Smith & Wesson y Sturm, Ruger & Co., de prácticas negligentes que facilitan el tráfico de más de 500,000 armas al año a los cárteles de la droga mexicanos, lo que exacerba la violencia armada en ese país.
Otras empresas descartadas del caso incluyen a Barrett Firearms Manufacturing; Colt’s Manufacturing, una unidad de Colt CZ Group Century International Arms, y Beretta.
El caso contra otros dos fabricantes y distribuidores de armas, los dos acusados restantes son Smith & Wesson Brands, que en 2021 anunció que se mudaría a Tennessee desde Massachusetts debido a las regulaciones de armas, y el mayorista Witmer Public Safety Group, sigue activo.
México argumentó que las empresas sabían que las armas estaban siendo vendidas a traficantes que las introducían ilegalmente en México y decidieron sacar provecho de ese mercado.
México acusó a los fabricantes de armas de socavar sus estrictas leyes de armas al diseñar, comercializar y distribuir armas de asalto de estilo militar en formas que sabían que armarían a los cárteles de la droga y alimentarían asesinatos, extorsiones y secuestros.
El país afirmó que más de 500,000 armas se trafican anualmente a México desde Estados Unidos, más del 68% de las cuales son fabricadas por empresas que demandó.
México dijo que el contrabando ha contribuido a las altas tasas de muertes relacionadas con armas de fuego, a la disminución de la inversión y de la actividad económica y a la necesidad de gastar más en la aplicación de la ley y la seguridad pública.
Sin embargo, el juez dictaminó que México no había proporcionado evidencia concreta de que alguna de las actividades de las seis empresas en Massachusetts estuvieran relacionadas con algún sufrimiento causado en México por las armas.
Respecto al despido en contra de los demás, la dependencia indicó que “México analiza sus opciones, entre ellas presentar un recurso de apelación”.
El caso ha pasado por varias iteraciones, apelaciones y renovaciones.
A principios de 2022, seis empresas —sin incluir al séptimo fabricante (Smith and Wesson)— presentaron una solicitud para desestimar las reclamaciones de México basándose en la amplia protección brindada a los fabricantes de armas por una ley estadounidense de 2005, la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, o PLCAA.
La ley protege a los fabricantes de armas de daños “resultantes del uso indebido delictivo o ilegal” de un arma de fuego. Más tarde, en 2022, el juez federal dictaminó desestimar el caso por esos motivos.
México apeló ese fallo, y en enero el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos en Massachusetts revivió la demanda, diciendo que la PLCAA no se aplicaba a las reclamaciones de que las armas causaron muertes, daños y lesiones en México.
El tribunal de apelaciones devolvió el caso al tribunal inferior, que nuevamente decidió desestimar las reclamaciones contra seis de las empresas.
El gobierno mexicano estima que el 70% de las armas que ingresan a México provienen de Estados Unidos, según la Secretaría de Relaciones Exteriores.
No está claro de inmediato si México esperaba ganar esta demanda o si el propósito principal de presentarla era generar presión política y reforzar las acusaciones mexicanas de que Estados Unidos está alimentando el desorden civil al exportar armas a México y algunas otras jurisdicciones.
Los abogados de México esperaban que, si el caso seguía adelante, se les pediría a las empresas acusadas que entregaran documentación importante para demostrar que sabían que se estaban exportando armas a través de la frontera con México.
Reportacero
